El perú enfrenta hoy el gran reto de elevar los estándares de la calidad educativa para brindar oportunidad de un desarrollo armónico e inclusivo a los jóvenes que cada año se asoman a la vida adulta. Pero existe una grave situación que atenta contra este propósito: los índices de comprensión lectora son muy pobres entre nuestros escolares. Si leer es el proceso de comprender un texto, es decir, de aprovechar y beneficiarse de su contenido, infinidad de peruanos han quedado alejados de esa posibilidad.
Con la promulgación de la Ley 28086, “Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura”, en octubre de 2003, se dio inicio a una revolución silenciosa. Los libros han estado más cerca de los peruanos en estos últimos 12 años que en las tres décadas precedentes. Esta ley ha permitido a millones de ciudadanos de toda condición económica acceder al libro; y podría continuar aportando en la tarea de dejar atrás los deplorables resultados de las pruebas PISA —que ubican a los estudiantes peruanos en el último lugar en comprensión lectora entre los de 65 países que han sido objeto de estudio—, si acaso logramos que se mantenga vigente.
En octubre próximo llegarán a su término los beneficios otorgados a la industria cultural del libro por la Ley 28086. Los libros se encarecerán y quedarán fuera del alcance de la mayoría. Los ciudadanos tendrán menores oportunidades de acceder al libro y la oferta de títulos quedará menguada. Es indispensable evitar que esto ocurra. El Congreso de la República y el MEF pueden impedir que se consume esta nueva tragedia peruana mediante la renovación de los plazos de vigencia de la Ley. ¿Podemos aspirar los peruanos a construir una sociedad de lectores?