El fiscal supremo Luis Arce Córdova anunció el miércoles su intención de declinar al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al que acusó de “sobreponer los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral”.
La decisión de Arce se conoció horas después de que el colegiado fallara contra 10 apelaciones presentadas por Fuerza Popular. Este partido buscaba la anulación de actas electorales de la segunda vuelta presidencial argumentando presuntos fraudes en mesa.
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En la carta que el magistrado dirigió a sus colegas del JNE, reconoció que está legalmente impedido de renunciar a su cargo porque hay un proceso electoral en curso. Sin embargo, señaló que “sí es viable la declinación formal al ejercicio de las funciones como miembro titular”.
Además, pidió ser reemplazado por “el suplente ya designado por la Junta de Fiscales”.
Fuentes del JNE señalaron a El Comercio que “no existe la figura de la declinación”. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades del jurado se encontraban buscando cómo resolver la situación debido a que, sin la presencia de Arce, el pleno del JNE no podrá realizar las audiencias programadas para este jueves por falta de quórum. Horas después, el JNE informó en Twitter:
El abogado José Tello, especialista en derecho electoral, señaló a El Comercio que se trata de un caso “totalmente atípico”, sin antecedentes en la democracia peruana. “Mañana [hoy] no se podrán realizar audiencias y, en la práctica, [lo que cometerá Arce] es una omisión de funciones”, dijo.
El abogado Jorge Jáuregui, también especialista en derecho electoral, añadió que la decisión de Arce “es un acto político y puede ser entendido como perturbación al proceso electoral”.
Consideró que el pedido de Arce de ser reemplazado no procede. “Para que el Ministerio Público active el procedimiento de reemplazo, Arce tendría que dejar el cargo válidamente”, dijo.
El especialista añadió que el JNE “no tiene el mandato para llevarlo de grado o fuerza a las sesiones”. Por ello, consideró que tendría que aplicarse alguna medida excepcional para continuar con el proceso electoral y no retrasar más la proclamación del próximo presidente.
En opinión de Tello, “lo que ha hecho Arce es desestabilizar al JNE”. “Ha petardeado la institucionalidad del jurado”, aseveró. Jáuregui añadió que la decisión del magistrado “es completamente ilegal y tendría responsabilidades penales”.
Argumentos
En su carta, Arce aseguró que existe la intención de “decidir el destino de nuestra nación [...] vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos”, porque, en su opinión, no se está atendiendo adecuadamente las denuncias de supuesto fraude en las elecciones.
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Además, aseguró que su decisión tiene “el fin de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales, que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el pleno del JNE que hasta hoy he tenido el honor de integrar de manera honesta”.
El magistrado acusó al presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, de falta de transparencia e indisposición para hallar “la verdad electoral”. También aseguró que en el JNE ya se habría tomado la decisión de declarar improcedentes las solicitudes de nulidad de actas que ingresaron fuera del plazo legal.
Por último, intentó sembrar dudas sobre la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el jefe de la ONPE, Piero Corvetto; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) argumentando que todos llegaron a sus cargos durante el gobierno de Martín Vizcarra.
Barrios respondió anoche: “Fui electa presidenta del Poder Judicial por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, integrada por 15 jueces supremos titulares, el 3 de diciembre del 2020, para el período 2021-2022. Esta es una designación en la que no interviene ningún otro poder del Estado. El Poder Judicial es autónomo”.
Apelaciones rechazadas
El miércoles, la primera audiencia en la que el pleno del JNE revisó 10 solicitudes de Fuerza Popular para anular votaciones en distintas mesas de sufragio significó un revés para las pretensiones de la candidata presidencial Keiko Fujimori.
Por mayoría, y solo con el voto en contra de Arce, los magistrados declararon infundadas las apelaciones presentadas contra resoluciones de jurados electorales especiales que rechazaron previamente los pedidos de nulidad de actas.
Salas Arenas, Jorge Rodríguez y Jovián Sanjinez tuvieron el mismo criterio frente a un voto discordante de Arce.
El JNE desestimó los argumentos de Fuerza Popular respecto a la existencia de un “fraude en mesa” a partir de presuntas firmas falsas. Los diez expedientes vistos el miércoles versaron sobre dicho tema.
Los principales argumentos del JNE se refirieron a que atender los requerimientos de FP implicaría abrir una etapa de prueba que afectaría el término perentorio y preclusivo del proceso electoral; que el demandante no ha acreditado suficientemente una falsificación ni comprobado que las supuestas irregularidades hayan inclinado el voto hacia algún candidato; que solicitar listas de electores implicaría afectar datos personales de ciudadanos; que en todo proceso se parte de la presunción de validez del voto, entre otros.
Por su parte, Arce consideró que los expedientes no estaban expeditos para un pronunciamiento de fondo en tanto, previamente, no se cotejen las firmas cuestionadas solicitando información a Reniec y las listas de electores a la ONPE. Este requerimiento también fue realizado por Fuerza Popular.
En esa línea, refirió que si bien hay antecedentes de resoluciones del JNE en el mismo sentido, los hechos son evolutivos y la situación obliga a no ser reglamentaristas y “buscar la verdad”. “No somos competentes para calificar delitos y menos sancionarlos. Corresponde a la justicia ordinaria […] Pero eso no significa renunciar a la búsqueda de la verdad de las infracciones electorales”, manifestó y luego advirtió que el candidato que resulte ganador “no tendrá legitimación su el jurado sigue en esta posición de no transparentar la información que tiene Reniec y la lista de electores”.
Los alegatos
Más temprano, abogados de los partidos expusieron sus alegatos. Por Fuerza Popular participaron Óscar Urviola, Lourdes Flores Nano, Virgilio Hurtado y Gino Romero. Por Perú Libre, Ronald Gamarra, Julio Arbizu, Roy Mendoza y Julio Palomino.
Urviola consideró que el JNE “no puede abdicar de llegar a la verdad” ni limitarse a enviar el caso a la fiscalía. Sostuvo también que el pedir listas de electores a la ONPE no implica un proceso probatorio ni poner en peligros datos personales, sino que el tribunal fiscalice. “Considero que la prueba que hemos presentado es relevante, que podría considerarse una prueba indubitable”, dijo Flores Nano sobre las pericias grafotécnicas alcanzadas.
Por su parte, Gamarra sostuvo que FP tenía argumentos frágiles, ausencia de pruebas idóneas para acreditar la presunta falsificación de firmas y que sus personeros en mesa dieron conformidad a las actas, por lo que pidió se mantenga la presunción de la validez del voto. “No basta alegar, ni si quiera acreditar irregularidades para invocar fraude, eso es otra cosa”, agregó Arbizu.
Para el experto en derecho electoral José Tello, el JNE ha actuado de manera conservadora al recurrir a criterios de su jurisprudencia para resolver los primeros diez expedientes. “Acá ya marcó criterio, está clarísimo. De eso no se va a salir, ese es el criterio sobre el tema de firmas. Se va a resolver sobre los mismos argumentos”, indicó respecto a casos similares que puedan venir sobre presunta falsificación de firmas.
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