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Ante la proliferación de asesinatos por encargo cometidos por menores de edad, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, planteó a la Comisión de Seguridad Ciudana del Congreso de la República bajar la edad mínima para que un sicario juvenil sea imputado penalmente, de 18 a 16 años. La idea ha desatado opiniones divididas.
La primera en manifestarse en contra fue la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, quien señaló que “la solución no es agravar las penas”, sino ver en qué está fallando la sociedad peruana y por qué se genera este fenómeno delictivo.
El Comercio recogió las múltiples reacciones de congresistas, un experto en seguridad ciudadana y de una especialista en atender a menores infractores.
Para la abogada María Barletta, ex miembro del Código de los Niños y Adolescentes y coordinadora del proyecto “Niñez sin rejas” de la ONG Cometa, el planteamiento es una respuesta facilista ante la inacción del gobierno. “Como el Estado no cumple su labor preventiva se está buscando responder de la forma más sencilla: criminalizándolos”, sostuvo.
Quien también se mostró en desacuerdo es el ex ministro de Defensa Roberto Chiabra. Según él, la solución pasa por combatir las causas y no el efecto: “Qué pasa si mañana aparecen sicarios de 14 años, ¿vamos a seguir reduciendo la edad de inimputabilidad?”.
OPINIONES A FAVOR
En cambio, los congresistas Renzo Reggiardo, de Concertación Parlamentaria, y el fujimorista Octavio Salazar sí avalan modificar la norma para que los menores de edad sean juzgados como adultos.
“No es posible que por proteger a un grupo de jóvenes equivocados, que tienen un accionar delictivo, se desproteja a toda la sociedad”, opinó Reggiardo. Recordó que más de 30 países -entre ellos Argentina, Bolivia y Cuba- han modificado su Código del Niño y del Adolescente a fin de que los menores que han perpertrado actos delictivos graves, como el sicariato, cumplan una condena en la cárcel.
Según Salazar, es ilógico esperar a que los sicarios juveniles se resocialicen después de seis años en los centros juveniles como Maranguita. “Esas sanciones son para los jóvenes de los años 50, el perfil de los adolescentes hoy en día es distinto: salen de los centros juveniles a los 21 años y vuelven a delinquir”.
En opinión del legislador, el Perú debería denunciar los tratados internacionales que protegen a los menores infractores.
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