Adolfo Zapata Restrejo pasó los últimos ocho años internado en el penal Sarita Colonia, en el Callao, donde fue el sonidista de todas las ceremonias. Él es colombiano y nunca recibió visitas. Su familia no tuvo los medios suficientes para venir a verlo.“Sufrí mucho. La única comunicación que tuve con mis padres y hermanos fue por teléfono. Lamentablemente son las consecuencias de nuestras malas decisiones”, reflexiona.
Hace siete años, tras ser sentenciado a 15 años de prisión por tráfico de drogas, Adolfo inició los trámites para volver a Colombia y allí cumplir su condena. Luego de un largo proceso, ayer él y otros once compatriotas suyos –también presos en cárceles de Lima por el mismo delito– retornaron a su país.
“La anterior ley tenía muchas trabas burocráticas, era todo un proceso engorroso que tenía carácter judicial. Es decir, un juez decidía la extradición. Con toda la carga procesal eso demoraba muchos años”, anota el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Vásquez Ganoza.
En diciembre último, el Ejecutivo, en amparo de las facultades legislativas, promulgó el Decreto Legislativo 1281, el cual –entre otras modificaciones– convirtió el traslado en un trámite administrativo. De acuerdo con la norma, la extradición solo procede cuando la pena privativa de la libertad es igual o mayor a dos años.
Según cifras del INPE, de enero a mayo, 80 internos extranjeros, la mayoría de ellos españoles y colombianos, fueron traslados a sus países. Esta cifra supera considerablemente los 50 traslados que registró la gestión anterior durante sus cinco años.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, afirma que la meta del actual gobierno es que los presos extranjeros cumplan sus penas en sus países. “Un requisito indispensable es que estén sentenciados, y para acelerar esos procesos trabajaremos de la mano con el Poder Judicial”, señala.
En las 69 cárceles del país hay 1.751 internos extranjeros de 65 nacionalidades. Según el último censo penitenciario del INEI, los colombianos (19,2%), mexicanos (14,3%) y españoles (14%) representan la mayor parte. El 95% de todos los extranjeros está preso por tráfico de droga.
“Como Estado y sociedad nos hemos olvidado de que uno de los objetivos de los internos es la rehabilitación. Esta solo se puede lograr si ellos están cerca de su familia, es humanizar la ejecución penal”, comenta Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la fiscalía.
Las autoridades reconocen que una situación que favorece y acelera los procesos de extradición son los convenios bilaterales para la transferencia de personas condenadas. Actualmente existen tratados con 23 países, entre ellos España, con el cual se ha logrado 40 traslados este año.
—Menos hacinamiento—
El presidente del INPE afirma que las extradiciones, cuya principal función es coadyuvar a la resocialización de los presos, contribuye también a disminuir el hacinamiento que es de 132%. Entre otras medidas, señala, están poner en marcha la aplicación de grilletes electrónicos, conversión de penas efectivas por prestaciones de servicio y la construcción, solo este año, de 169.000 celdas.
Antes de partir en un avión de la Fuerza Aérea de su país, los colombianos agradecieron el apoyo y pidieron celeridad en los procesos de los extranjeros que aún permanecen en el Perú.
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