Un grupo de policías de la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles (Dirproc) tuvo que comprar con su sueldo botas con punta de acero y cascos para hacer operaciones inopinadas en las obras de construcción en Lima y Callao.
Lo hicieron porque un mes atrás una banda de delincuentes, con fachada de sindicato, les había impedido ingresar a una obra que controlaba, aduciendo que no tenían la indumentaria correcta.
PNP identifica hasta 3 tipos de extorsión en construcción civil http://t.co/xxd1u98Dnv por @kiquevera pic.twitter.com/HGOti3Emi1— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) diciembre 9, 2014
“Las mafias crecen, están expandidas al interior del país, tienen una estructura sólida, te denuncian si te metes con ellos, hasta parte del empresariado está coludido de manera indirecta”, afirma a este Diario un oficial de la Dirproc. Otros tres agentes de esta unidad, también entrevistados, aseguran que la mayoría de obras públicas en Lima están controladas por organizaciones delictivas que cobran cupos y extorsionan a empresarios y obreros legales.
“Las obras públicas siempre las ganan los consorcios de solvencia, que posteriormente subcontratan a empresas pequeñas para que realicen las obras como construcción de veredas, pistas y las de agua y desagüe. Estas empresas son extorsionadas por las mafias. Las obligan a colocar en la planilla a un número de integrantes del sindicato, pero casi nunca trabajan. Si el contratista no les paga, no culminan la obra. Hay otros casos en que las empresas se coluden con los sindicatos y hacen obras de pésima calidad. Los consorcios no se ensucian las manos”, resalta un agente.
Una de las últimas obras de agua y desagüe que han sido intervenidas por mafias es el Megaproyecto Integral Pachacútec, ejecutado por el consorcio Sade-Cosapi. Según inteligencia de la Dirproc, la obra la controlan dos ‘sindicatos’ encabezados por Augusto Ramos Dolmos y Arturo Millones Espinoza.
Cuando se puso la primera piedra, Jorge Curich, gerente adjunto del proyecto, dijo: “Toda la mano de obra no calificada tiene que ser de la zona”. Sin embargo, la realidad es otra. “Los dos ‘sindicatos’ se han impuesto y exigen a los obreros de la zona pagar cupos mensuales y comprar 10 o 15 polladas semanales”, afirma otro policía. Este Diario buscó la versión de Sade-Cosapi, pero no respondieron.
Para el oficial, hay funcionarios de municipios que se coluden con estas organizaciones, pero detenerlos “es difícil porque tiene que ser en flagrancia”. “No trabajamos con la contraloría, es una desventaja. No hay decisión política para acabar con este problema”, dice. Los sindicatos también tienen microempresas (de pintura, acabados, electricidad) y exigen a los empresarios que contraten con estas. Siempre bajo amenaza.
Víctor Gandolfo, asesor en temas de seguridad de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), señala que el problema se agudiza porque hasta la fecha el Ministerio de Trabajo no cumple con registrar a todos los trabajadores de construcción. “No hay fiscalías especializadas para estos delitos. Los empresarios no denuncian porque los carean con los delincuentes, luego. No hay fiscalización a estos sindicatos”, agrega.
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