El ex presidente del directorio de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, defendió la adjudicación del sistema de cobro de los corredores viales que ganó el consorcio Recaudo Lima. Indicó que la anulación, anunciada por la actual gestión de la Municipalidad de Lima, podría llevar a suspender por un tiempo indeterminado la implementación de las tarjetas para pagar pasajes.
La @Munilima retrasó implementación de cobro electrónico en corredores http://t.co/mN5ij63NMV pic.twitter.com/a49trFq3lK— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) enero 22, 2015
“Hay dos escenarios posibles y el más grave es el caso en que la empresa a la que le están quitando la adjudicación, quienes en mi opinión ganaron legítimamente, interpongan un recurso judicial contra Pro Transporte. Si ocurre esto, se va a detener el proceso y podría demorar años en implementarse”, dijo el ex funcionario en una entrevista para TVPerú.
El consorcio Recaudo Lima, integrado por Graña y Montero y Transportes de Madrid, había ganado la adjudicación y obtenido la buena pro de la licitación del cobro dentro del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Este lunes, Pro Transporte anuló este resultado e indicó que volverá a convocar a todos los postores para reiniciar el proceso, esta vez con la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Nosotros en ningún momento pensamos que podíamos avanzar sin la opinión favorable del MEF, pero ocurre que el reglamento del propio ministerio decía que los proyectos de asociaciones público privadas requieren esta opinión previa solo si son cofinanciados o requieren garantías del Estado”, detalló Guerra García.
En el caso del sistema de cobro, que es un proyecto autofinanciado (todos los gastos corren por cuenta del consorcio ganador), se requería el visto bueno antes de la firma del contrato. Guerra García aseguró que todos los estudios de abogados que consultaron durante el proceso les confirmaron que la licitación estaba respetando la normativa de asociaciones público-privadas.
SIN DENUNCIA
“En el caso más favorable, si Graña y Montero no interpone un recurso judicial, se van a peder unos 4 meses que se necesitarán para que los postores vuelvan a presentar las ofertas. Así, en los próximos 6 meses podría haber un contrato firmado y se podría tener a fin de año el nuevo cobro electrónico”; añadió el ex director de Pro Transporte.
Hasta la fecha, la empresa a la que se le retiró la adjudicación ha evitado detallar qué medidas tomará ante la decisión de la nueva dirección de Pro Transporte.