ROSA AQUINO ROJAS @rosaluz_ar
Los edificios Aquamarina e Infinity, así como el Boulevard Bordemar, fueron cuestionados por haber sido construidos en la Costa Verde con permisos irregulares. Sin embargo, existe la posibilidad de que estos y otros proyectos enclavados al borde de los acantilados y malecones puedan ser revisados para determinar su legalidad o ilegalidad y, de ser el caso, adoptar algunas medidas correctivas.
Al menos así lo establece la disposición complementaria final del proyecto de ley que busca crear la Autoridad Autónoma de la Costa Verde y transferir así la propiedad de los terrenos ribereños a la Municipalidad de Lima. Según el citado acápite, esta nueva entidad revisará las concesiones otorgadas desde 1994 por San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.
“Podríamos intervenir en las concesiones que no están cumpliendo con aquello a lo que estaban obligadas, como proteger la franja costera”, dijo Gustavo D’Angelo, presidente de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) en alusión a Bordemar.
Debido a que ninguna ley es retroactiva, el municipalista Julio César Castiglioni aclara que solo se podrían revisar aquellas concesiones que no hayan prescrito administrativamente (a los 3 años) o en lo civil (a los 10 años). “Las concesiones son actos administrativos y solo pueden ser declarados nulos en sede administrativa o judicial. Pero nada se puede hacer en aquellos casos que están judicializados, pues nadie puede abocarse a una causa pendiente en el Poder Judicial”, explica.
POLÉMICA POR AUTONOMÍAEl proyecto que empoderaría a la Municipalidad de Lima sobre cualquier otro distrito ribereño se ha ganado las críticas de los alcaldes de Magdalena, San Miguel, Barranco, San Isidro y Miraflores. Incluso algunos lo califican de un proyecto político.
“El proyecto de ley es inconstitucional porque mutila la autonomía municipal y modifica los límites, sin decirlo”, opina Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar. Su par de Miraflores, Jorge Muñoz, califica esta propuesta de “confiscatoria”, pues junto con los terrenos se cederían los bienes construidos con recursos de los miraflorinos como el estadio Manuel Bonilla.
Aunque la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha pedido no politizar el tema, lo cierto es que el proyecto sí es inconstitucional, pues plantea en su artículo 4 que la comuna metropolitana otorgue las licencias de adjudicación, construcción y demolición de obras en la zona costera.
“Lima no puede otorgar autorizaciones de obras en los distritos porque eso es meterse en la autonomía distrital y habría que modificar los artículos 194 y 195 de la Constitución, así como la Ley Orgánica de Municipalidades”, señala Castiglioni.
En su opinión, la aprobación del cuestionado proyecto no prosperará, y si eso pasa, el Tribunal Constitucional lo declarará inconstitucional, pues vulnera la autonomía de los distritos.
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