Las graves denuncias que apuntan a la existencia de un presunto “escuadrón de la muerte” dentro de la PNP que habría acabado al menos con unos 23 presuntos delincuentes en operaciones armadas han movilizado a diversos sectores para dar con los responsables, incluyendo a la Defensoría del Pueblo.
En una entrevista a El Comercio, el Dr. Fernando Castañeda, adjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, comentó que esta institución no ha recibido reportes de casos similares o de denuncias de ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes más allá de todos los casos que están siendo investigados y que involucran al comandante Raúl Prado Ravines.
“La policía profesional tiene buenos elementos que han demostrado que pueden realizar su trabajo respetando lo que establece la constitución y las leyes. No se requiere armar estas operaciones para que la PNP pueda hacer su trabajo. Hay muchísimas operaciones exitosas sin llegar a estos niveles”, comentó el funcionario de la Defensoría del Pueblo.
- Falta de supervisión -
Para Castañeda Portocarrero, los casos de corrupción dentro de la PNP se dan, no solo por la presencia de malos agentes, sino por la falta de una vigilancia adecuada que vaya más allá de denuncias ante la Inspectoría de la Policía.
“Primero se debe mejorar el ingreso a la policía. Que se mejoren los controles de ingreso y que, durante el servicio, existan mecanismos de vigilancia, de contrainteligencia, para verificar que la PNP esté haciendo bien su trabajo”, comentó.
Para la Defensoría del Pueblo, se debe exhortar al Ministerio del Interior para que se verifique la existencia de estos controles. “Tiene que haber una supervisión aleatoria y eficaz de la labor de las comisarías y las unidades especializadas de la PNP”, concluyó.