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Reducir la tasa de embarazos de adolescentes sigue siendo un desafío para el Estado. Según el informe “Brechas de género, 2001-2013, avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de embarazos de adolescentes en Lima aumentó en los últimos años.
El documento revela que en el 2012 la tasa de madres adolescentes o embarazadas por primera vez, de entre 15 y 19 años, fue de 7,7% en Lima. En el 2013, el porcentaje aumentó a 10,6%.
En el ámbito del país, la situación se ha mantenido constante en los últimos diez años, con una tasa de embarazos de adolescentes de 13%.
Ante este panorama, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Marcela Huaita, reconoció que la situación es preocupante y aseguró que reducir la tasa ya es una prioridad para su sector.
“Lo que ahora tenemos que hacer es aprender a escuchar a nuestras adolescentes para saber qué es lo que necesitan”, dijo Huaita en la presentación del informe.
Por ello, recordó que en el 2013, el MIMP aprobó el Plan de Prevención del Embarazo Adolescente, que guía las acciones hacia este fin en diversos sectores del Estado: promoción de oportunidades y acceso a servicios de salud, educativos, entre otros.
El Ministerio de Salud (Minsa) también forma parte de este plan. El titular de ese sector, Aníbal Vásquez, recordó, a inicios de año, que el 12% de los partos que ocurren en el país corresponden a madres adolescentes. Recordó que la procreación a edad temprana aumenta los riesgos sanitarios tanto para la madre como para el bebe.
Para ello, el Minsa adoptará políticas para que los adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos sin trabas y más medios de educación sexual.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJERPara María Reyes Meléndez, directora del Movimiento Manuela Ramos, las mujeres menores de edad también están expuestas a otra problemática: la violencia sexual.
Según el estudio del INEI, el 13,8% de víctimas de agresión sexual en el país en el 2013 fue menor de edad.
Reyes asegura que las políticas del Estado aún no protegen a las mujeres y evitan que estas denuncien las agresiones que sufren, la mayoría de veces, por sus parejas.
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