La tarde del 28 de julio, Silvana Buscaglia, sentenciada por agredir a un policía en el Aeropuerto Jorge Chávez, salió del penal de mujeres de Chorrillos tras permanecer 7 meses en prisión. Ella fue indultada por Ollanta Humala de su condena por violencia y resistencia a la autoridad. Pero en el país otras 200 personas, 39 de ellas en Lima, siguen en la cárcel por el mismo delito, según cifras de la Dirección de Defensa Legal la Policía.
Desde otro pabellón del mismo penal en el que Buscaglia cumplía condena, Gissellemarie Rosales Bustinza, de 23 años, y Ruby Rache Parra, de 36, ambas sentenciadas por agredir a policías, piden que sus casos sean revisados por el Poder Judicial para salir en libertad.
“Reconozco que me excedí en mi vocabulario, pero no rompí la gorra ni arañé a la policía que me acusa de eso. Yo fui agredida, por eso espero que la Corte Suprema solucione mi situación”, afirma Giselle a través de la línea telefónica.
Ella está presa en el penal de mujeres de Chorrillos desde el 22 de diciembre. Dos días antes la joven fue detenida cerca de su casa en la urbanización Pedro Ruiz Gallo, en el Callao. Ella grababa una operación policial con su celular hasta que un custodio le quitó el equipo. Guisellemarie gritó e insultó a los policías. Una suboficial la acusó de golpearla y romper su gorra y fue detenida. El 29 de enero el Primer Juzgado penal Colegiado del Callao sentenció a la joven a 8 años de prisión efectiva y al pago de S/5.000. Su defensa impugnó inmediatamente y cinco meses después la Sala Penal de Apelaciones –con dos votos a favor y uno discordante– redujo la pena a 5 años. El presidente de la sala, Miguel Castañeda, opinó que la acusación no corresponde al delito de violencia y resistencia a la autoridad, sino al de lesiones, y que por eso la acusada debería cumplir solo 52 días de servicios a la comunidad. Su decisión demostraba la diferencia de interpretaciones que existe en el mismo Poder Judicial.
En enero, los jueces de la Corte Suprema de Justicia se reunieron para uniformar criterios en la aplicación de penas por diversos delitos, incluido el de violencia y resistencia a la autoridad, pero no se conocen los acuerdos.
A partir de la sentencia de Silvana Buscaglia varios abogados penalistas advirtieron que la pena actual por agredir a policías es desproporcionada, y debe ser una prioridad de la actual legislación modificar el Código Penal.
Sin embargo, para el defensor legal de la policía Máximo Ramírez el Estado debería primero reducir los años para la prisión efectiva. “Desde que el daño se ocasiona es un delito. Ya según el grado de agresión se debe determinar la pena”.
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