El 17 de marzo del 2015, Luis Castañeda Lossio realizó una conferencia de prensa en la que anunció la primera obra propia de su tercera gestión: un by-pass en la Av. 28 de Julio. Para financiarla, utilizó un fideicomiso de US$ 74 millones que consiguió tras anular el proyecto Río Verde, el cual buscaba recuperar la ribera del río Rímac.
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Desde entonces, la obra municipal fue blanco de graves cuestionamientos —desde la falta de estudios previos, sobrecostos en su ejecución y caos vehicular en la zona— que se agudizaron con la difusión de conversaciones de WhatsApp que revelarían la intención de eliminar Río Verde incluso antes de que Castañeda asuma funciones.
Cinco años después, esta semana la jueza María Álvarez Camacho ordenó 24 meses de prisión preventiva contra Castañeda tras aceptar en parte la solicitud realizada por la fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato.
Según la fiscalía, OAS habría entregado US$480 mil para la campaña de Castañeda a cambio de ser beneficiada en obras durante su gestión municipal. Precisamente, el by-pass de 28 de julio fue construido por OAS.
Castañeda Lossio también es acusado de recibir de Odebrecht montos de entre US$100 mil y US$120 mil por el mismo motivo. Por ello se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.
A continuación, un repaso de las críticas más importantes en torno a la obra ejecutada por OAS.
El estudio de interferencia de vías, uno de los que sustentaba el by-pass de 28 de Julio fue plagiado de un blog de alumnos de la Universidad de Piura. Ante la denuncia, tanto la Municipalidad de Lima como la constructora OAS admitieron la copia pero acusaron a una tercera empresa, Transalvi, a la cual se le pagó S/.20 mil.
Sin embargo, el 14 de mayo El Comercio reveló que el gerente general de Transalvi E.I.R.L. era el ingeniero Yenan Santiago Alvarado Villanueva, quien trabajó en la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) desde el 2004, durante las dos gestiones previas de Luis Castañeda. El funcionario mantuvo su cargo hasta por lo menos, la primera semana del 2015. Un mes después, en febrero de este año, su empresa presentó el estudio de interferencia de vías para la obra del by-pass de 28 de Julio, a pesar que la ley de incompatibilidad funcional (Ley 27588) se lo impedía.
Al analizar el estudio plagiado también se encontró que la toma de datos (conteo de flujo vehicular) se hizo el 12 diciembre del 2014, cuando Castañeda no asumía la alcaldía y, se supone, Yenan seguía trabajando para la gestión de Susana Villarán.
Meses después se conoció que en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del by-pass figuraba “el plano de especies arbustivas” realizado bajo la supervisión de OAS también en diciembre del 2014.
En mayo del 2016, la Defensoría del Pueblo indicó que el by-pass de 28 de Julio se construyó sin haber tenido el expediente técnico completo. De esta forma el organismo respaldaba un informe realizado por la Contraloría General de la República, de mayo del 2015, en el que se concluía que el expediente técnico del proyecto, hecho por OAS y la Municipalidad de Lima, no reunía las condiciones exigidas por el Estado.
Entre los documentos faltantes figuraban: estudio topográfico, diseño de pavimento, diseño de viaductos, conclusiones del estudio de señalización y seguridad vial, presupuesto, y cronograma de ejecución de obra. También faltaba la firma profesional en documentos como el estudio de impacto ambiental.
A esto se sumaba la denuncia de la IDL-Reporteros que, en octubre de 2015, reveló un sobrecosto de un millón 197 mil soles debido a que el cerco, césped y pintado de sardineles del ‘by-pass’ de 28 de Julio costó hasta tres veces más que el precio del mercado.
En octubre de 216, el portal IDL Reporteros difundió las conversaciones vía WhatsApp que tuvieron entre octubre y diciembre del 2014 la ex gerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra (funcionaria durante las dos primeras gestiones de Luis Castañeda) y el entonces presidente de la constructora brasileña OAS, José Adlemário Pinheiro Filho, conocido como Léo Pinheiro.
En dichas conversaciones se revelaba que ella ya coordinaba la anulación de Río Verde y concertaba reuniones entre el presidente de OAS y Castañeda Lossio. “Lucho me pide que no lo firmen. Mañana me reúno con Fracassi [Leonardo Fracassi, alto funcionario de OAS]”, le dijo Zegarra al presidente de OAS el 24 de octubre del 2014. El contrato por Río Verde nunca se firmó.
Años después, en junio del 2019, Pinheiro y tres exejecutivos de OAS declararon ante la fiscalía que Luis Castañeda Lossio habría presionado a dicha constructora brasileña para que no siga invirtiendo en el proyecto Río Verde, de lo contrario, lo cancelaría al asumir su tercer mandato. Además, el colaborador N°120 entregó a los fiscales peruanos, Carlos Puma y Milagros Salazar, un correo electrónico del 21 de noviembre de 2014 en el que se “comprueba que ejecutivos de OAS trabajaron para el by – pass de 28 de julio, antes de que se inicie el gobierno de Castañeda y al mismo tiempo estábamos retrasando Río Verde que era [la]voluntad de Villarán”, según informó El Comercio.
Tras las conversaciones de WhatsApp sobre Río Verde también aparecieron otros temas que involucraban al alcalde de Lima.
Antes de ser apresado el 14 de noviembre del 2014 por el escándalo de Lava Jato, Leo Pinheiro también habló con Giselle Zegarra sobre la posibilidad de construir un monorriel en Lima como el que se había implementado en Sao Paulo. Este era uno de los proyectos que anunció Castañeda durante su campaña.
La última conversación entre los dos personajes, también difundida por IDL Reporteros, ocurrió dos días antes de que la policía brasileña detuviera al presidente de OAS. Ahí, aparte de felicitar una negociación exitosa de la constructora en el Perú, se habló de implementar trabajos para los Juegos Panamericanos Lima 2019 con viaje a Río de Janeiro incluidos.
Para el abogado Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales, si bien Giselle Zegarra no era funcionaria pública cuando se llevaron a cabo estas negociaciones, podría haber incurrido en delito de tráfico de influencias. Esto no deja a la Municipalidad de Lima libre de cuestionamientos. “El contrato que obtuvo ella como consultora a inicios del 2015 con la Municipalidad de Lima tendría que ser evaluado porque suena a que habría estado dirigido a su favor“, dijo en ese entonces a El Comercio.
El 27 de abril de 2016, la Municipalidad de Lima puso en funcionamiento el by-pass de la avenida 28 de Julio, el cual empezó a presentar grietas en el túnel y hundimientos en las vías auxiliares como en la cuadra 1 de la avenida República de Chile.
En junio del año 2017, un informe de Cuarto Poder reveló que solo las cuatro paredes del túnel construido por la empresa OAS presentaban 530 grietas.
El mismo medio tuvo acceso a un informe del Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad de Lima según el cual, para ese entonces, se necesitaban 22 millones de dólares adicionales a los 59 millones que se habían gastado hasta setiembre del 2016. Es decir, un total de 81 millones de dólares que exceden en 7 millones el fideicomiso de 74 millones de dólares de Río Verde que fueron destinados a este proyecto.
A estas críticas se sumó el caos vehicular en vías saturadas por el tráfico sobre el ‘by-pass’, como las avenidas Paseo Colón, Wilson, Washington y las entradas a Salaverry y Arequipa.
En el documento de la fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, para solicitar prisión preventiva contra Luis Castañeda, se adjuntó un informe que revelaba pagos irregulares a OAS por parte de la gestión del exburgomaestre.
De acuerdo con fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, la Municipalidad de Lima, durante la tercera administración de Castañeda Lossio pagó “en exceso” US$7’451,291.41 a la constructora brasileña por la obra de Plaza Nueva y el bypass de la avenida 28 de Julio, en el centro de la capital.