Dos de los nueves militares del Ejército Peruano investigados por la pérdida de 786 granadas de guerra del polvorín Cruz de Hueso, en San Bartolo, podrían afrontar el proceso recluidos en un penal. La Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima Sur pidió nueve meses de prisión preventiva para el mayor Luis Soldevilla Espinal y el suboficial Paddy Llimpe Correa.
Ellos son investigados por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado doloso, tráfico ilegal de granadas de guerra, falsificación de documentos y falsedad ideológica.
Las evidencias arrojan que ambos militares se habrían aprovechado del cargo que ocupaban como miembros del comité de recepción y entrega de artículos, logrando apropiarse de las granadas a través de actas falsificadas y entregas simuladas.
El pedido de prisión preventiva se sustenta en un informe policial de octubre, elaborado por la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Armas, Municiones y Explosivos (Divitiame), así como en la gravedad de los delitos y el peligro de que se obstaculice el proceso.
Los otros siete miembros del Ejército Peruano son investigados como presuntos cómplices del delito de peculado doloso, pues habrían facilitado la entrega, recojo y desvío de las granadas con fines ilícitos.
Entre ellos se encuentran Carlos Martin Noblecilla Infante, Miguel Gomez Contreras, Edgar Javier Parraguez Vásquez, Sherley Zamudio Dávila, Ronny Ggley Rivera Caya, Carlos Joel Ramos Camacho y Eugenio Gómez Quispe.
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