La semana pasada el ministro del Interior, Pérez Guadalupe, invitó a su despacho a los seis alcaldes que integran el Serenazgo sin Fronteras de la llamada Lima moderna. Asistí acompañando al alcalde de Miraflores en mi calidad de regidor de esa comuna. Los alcaldes agradecieron y recordaron que no se reunían con el ministro desde la gestión de Wilfredo Pedraza, hace ya año y medio.
El ministro expresó su compromiso de trabajar estrechamente con los municipios en la prevención del crimen. Ya lo comenzó a hacer en el Callao, donde ha diseñado una intervención policial para desarticular las bandas criminales y mejorar las condiciones de seguridad. Luego espera hacerlo en San Juan de Lurigancho y en otros distritos, en función de un mapa de la delincuencia que construyó durante su paso por el INPE.
Antes se había reunido con seis alcaldes de la mancomunidad Lima este y espera seguir haciéndolo con otros, mientras va construyendo su agenda de trabajo con ellos.
Manifestó que su prioridad es frenar y revertir los homicidios, especialmente los cometidos por sicarios, las extorsiones y el raqueteo. Para ello apuesta por fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, los grupos de intervención rápida y la vigilancia y el patrullaje. Intuye bien el ministro que en esto último los municipios pueden ser sus mejores aliados, pero para que lo sean la policía tiene que cooperar, como lo manda el artículo 197 de la Constitución.
Primero, asegurando que todos los vehículos de los serenazgos y los centros de control y comunicaciones cuenten con un agente policial las 24 horas. Esta colaboración debe ser gratuita, pues es la mínima contraparte que los municipios le pueden exigir al Gobierno Central por el esfuerzo que hacen sus vecinos de financiar los serenazgos. Con mayor razón donde los recursos municipales son escasos.
Segundo, nombrando un único jefe policial distrital, que sea la contraparte del alcalde y le rinda cuentas por su trabajo. Ello facilitaría la coordinación con el municipio para asegurar un verdadero patrullaje integrado, que es lo que reclama la ciudadanía y constituye la forma más eficiente de cuidar nuestros barrios. Esa autoridad debe disponer de todos los recursos para la vigilancia y el patrullaje, a diferencia de los actuales comisarios, de quienes no dependen los vehículos, las motos y los agentes destinados a estas tareas.
Tercero, integrando sus estadísticas con las de los municipios en una sola base de datos distrital que permita construir un verdadero mapa del delito.
Los municipios también pueden ser útiles en la investigación, no del crimen complejo, que requiere el concurso de las mejores unidades especializadas de la fiscalía y la policía, sino del que involucra los delitos locales de menor envergadura, que son conocidos por las divisiones de investigación criminal (Divincri) y las comisarías. Los alcaldes expresaron su disposición de aportar recursos para fortalecer las Divincri, siempre y cuando estas fueran distritales y contaran con un fiscal penal adscrito de manera permanente.
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