La tarde del jueves 11 de enero, dos días después del inicio de la vacunación contra la COVID–19 para los trabajadores sanitarios de todo el país, los médicos del Hospital Regional de Huacho recibieron en sus ‘whatsapp’ un mensaje del director del centro de salud, Juan Carlos Nicho Virú.
“No es momento de buscar culpables. En siete días llegará el otro lote de vacunas y todos en general seremos vacunados. Sigamos unidos por el sendero que nuestra orden médica y profesión nos da. […] [Ustedes] son la esperanza de las personas con COVID–19, mis respetos y admiración. No bajemos la guardia”.
En el hospital de Huacho se viven días tensos. Al menos 11 médicos y decenas de profesionales de la salud –enfermeras, técnicos, entre otros– destacados al tratamiento y cuidado de pacientes con la enfermedad no recibieron la primera dosis de la inmunización, mientras que personas que no están en la primera línea de batalla contra el virus sí formaban parte de la lista de vacunación.
Por ello, enviaron un oficio a Nicho Virú en el que solicitaban que “a la brevedad posible se nos considere como prioridad del padrón de vacunación”. Este Diario intentó comunicarse con Juan Carlos Nicho, pero no respondió nuestros mensajes.
“Aún seguimos sin respuesta y seguimos sin fecha [para la inmunización]. No tenemos ninguna noticia sobre la vacunación”, dijo este martes a El Comercio un médico del área de COVID–19 del Hospital Regional de Huacho que prefiere mantener su identidad en reserva.
–Un problema estructural–
En el Perú, los hospitales adscritos al Ministerio de Salud (Minsa), como el de Huacho, almacenan su información –incluida la del personal que trabaja en ellos– en el Registro Nacional Del Personal de la Salud (Inforhus). Los datos son actualizados periódicamente por el área de recursos humanos de cada centro de salud.
En teoría, así debería funcionar el sistema. Pero la realidad es otra: en la base de datos de Inforhus es común encontrar información desactualizada varios meses. En una situación crítica como la que atraviesa el sector por la pandemia, las falencias se hacen más evidentes.
Para la elaboración de los padrones de vacunación se recurrió, en el caso de hospitales del Minsa, a la mencionada base de datos. El resultado fue predecible: en la lista del hospital de Huacho, por ejemplo, figuran médicos que dejaron de trabajar en la institución desde hace varios meses y otros que no tienen interacción con infectados por la COVID–19.
En Arequipa, la directora del Hospital Goyeneche, Mirta Oporto Vargas, decidió no utilizar el padrón enviado por el Ministerio de Salud para la vacunación de los profesionales de la salud y otros trabajadores. “La lista [que recibimos] estuvo mal formulada. Nosotros hemos colocado solo al personal que trabaja en las áreas críticas. Lo hemos notificado a la Gerencia Regional de Salud”, dijo el domingo a El Comercio.
Oporto Vargas detalló que en la institución trabajan 1.400 personas, de las cuales 774 han recibido la primera dosis de inmunización. “Nuestra lista incluye a personal de admisión, caja, limpieza, seguridad, porque también son de primera línea. […]Hay reclamos, claro, porque todos quisieran ser vacunados. A mí todavía no me ha tocado la vacuna, porque no soy del grupo de mayor riesgo”, agregó.
De acuerdo al Minsa, en la etapa inicial de primera fase de vacunación se distribuyeron 141.367 dosis, de las cuales 98.728 –casi 70% del total– fueron para instituciones a cargo del propio ministerio y de los gobiernos regionales.
–Control y fiscalización–
Las experiencias relatadas no son una excepción. El problema se ha repetido en diferentes regiones del país. El sábado 13, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió un oficio al ministro de Salud, Óscar Ugarte, en el que advierte una “situación de desorden, incertidumbre y malestar entre los trabajadores del sector salud” como consecuencia de “algunas inconsistencias en la relación nominal del padrón nacional de vacunación”.
Gutiérrez menciona que en regiones como Cusco, Tumbes, San Martín y Huánuco, entre otras, se incluyó en el padrón a “personas que actualmente están realizando trabajo remoto, personal administrativo o incluso personal que ya no labora en la institución”.
En otras regiones, tales como Amazonas, Ayacucho, el Callao, entre otras, “no se había considerado a personal que atiende a pacientes COVID-19”.
Un día antes, el viernes 12, la Contraloría General de la República informó que ha identificado que el padrón nacional de vacunación “presenta inconsistencias que ponen en riesgo la finalidad pública de la estrategia de prevención y contención de la pandemia en la primera etapa y en las posteriores”.
La institución precisa que en 15 regiones del país en las que se inició el proceso de inmunización contra la COVID-19 sus auditores reportaron “la falta de actualización del padrón”.
En un comunicado, el ministerio explicó que el padrón fue alimentado por Inforhus y los bancos de datos de los gobiernos regionales, Essalud, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol), las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, y el sector privado.
“Para efectos de la distribución de las 300.000 dosis, se establecieron criterios que fueron remitidos a todas las entidades involucradas, teniendo como fecha de cierre el día 5 de febrero. [...] La información proporcionada por las entidades en fecha posterior al cierre del padrón, será incorporada terminada la primera semana de vacunación”, destacó.
Para el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Alfonso Nino Guerrero, el método para elaborar los padrones fue errado. “El Inforhus es un registro que nadie le hace caso, porque no se actualiza rápido. Además, el sector salud es muy dinámico: tiene alta rotación, hay personal de licencia, etc”, señaló a este Diario.
Para Nino Guerrero, para la creación de listas de este tipo debe convocarse a las autoridades locales y regionales. “Hay una visión muy centralista y no se está haciendo un proceso participativo. Las listas deben hacerse de abajo arriba, purificarse y mejorarse a nivel local. Si nos estamos ahogando con 300.000 vacunas, ¿cómo será cuando haya que distribuir millones?”, cuestionó.
–En primera línea–
La semana pasada, un grupo de médicos residentes del Hospital Nacional Guillermo Almenara, adscrito a Essalud, organizaron un plantón en el frontis del local, debido a que no fueron incluidos en la vacunación a pesar de que la mayoría de ellos trabaja con pacientes infectados con la COVID–19.
Un residente es aquel médico que gana una plaza en un hospital para hacer una especialidad. “Ellos trabajan en todas las áreas [del hospital Almenara] y apoyan un montón mientras están ahí. En la primera ola, por ejemplo, todos los residentes entraron a trabajar con pacientes de COVID–19”, relató a El Comercio un experimentado médico del mencionado centro de salud.
Tras los reclamos, el último fin de semana fueron vacunados 364 de los 395 residentes del hospital Almenara.
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