La comisaría de Nueva Esperanza, una de las cinco de Villa María del Triunfo, funciona en una casa alquilada. El calabozo se improvisó junto a un lavadero y los camarotes de los policías están apiñados en el tercer piso. El antiguo local está a tres cuadras, abandonado desde el 2014 por encontrarse en mal estado.
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La comisaría de Punta Hermosa funcionaba hasta hace meses en un local en litigio que el Programa Nacional de Bienes Incautados cedió a la policía, pero la justicia ordenó que el predio fuera devuelto a sus propietarios. Los agentes tuvieron que mudarse a un inmueble cercano. El alquiler cuesta S/6 mil mensuales.
Como el caso de Nueva Esperanza y Punta Hermosa, existen decenas de comisarías de Lima y Callao que no tienen locales propios y que –peor aún– funcionan en terrenos sin sanear. Ambas situaciones ponen obstáculos cuando el Ministerio del Interior (Mininter) busca invertir en obras de mejoramiento, reparaciones o en proyectos de reconstrucción.
De las 148 comisarías de la capital, 75 son propiedad de la policía o del Mininter. Las otras 73 dependencias funcionan en predios cedidos en uso, afectados en uso, alquilados, donados o prestados. En el caso de predios alquilados o prestados, no se pueden ejecutar obras mayores porque el dinero del Estado corre riesgo si la propiedad termina siendo devuelta antes de lo previsto, explican expertos en contrataciones públicas.
Las comisarías en predios cedidos o afectados en uso por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), por un municipio y otra entidad pública suelen tener litigios pendientes, problemas de invasiones, no están debidamente inscritas en Registros Públicos o tienen otros problemas de saneamiento físico-legal sin solucionar.
Además, en el caso de los locales cedidos en uso, hay un plazo determinado de hasta diez años, con posibilidad de renovación según el proyecto. En cuanto a los predios estatales afectados en uso, sí pueden ser otorgados a plazo indeterminado, pero la directiva N° 005-2011 de la SBN precisa que las cargas, gravámenes y procesos judiciales no son impedimento para afectar en uso un predio. En Lima y Callao, más de 30 comisarías funcionan en locales cedidos o afectados en uso.
Todo esto hace que existan dependencias policiales en mal estado en las que no se puede invertir un sol. “El Estado tiene diferentes formas de invertir. Cuando los recursos vienen del Ministerio de Economía y Finanzas o de los privados, te van a exigir ciertos requisitos, como tener el predio saneado, para que la inversión no corra ningún riesgo”, explica el abogado Luis Enrique Navarro, exprocurador público de la SBN.
Según Patricia Figueroa, jefa del gabinete de asesores del Mininter, más del 30% de locales policiales de la capital tienen problemas de saneamiento. “La policía tiene demasiados predios que no están saneados. Ahí no podemos intervenir. Nos ha pasado con la comisaría de Punta Hermosa”, comentó.
Lo que hace la Dirección General de Infraestructura del Mininter, en coordinación con la PNP, es sacar de esos espacios a las comisarías para ejecutar los proyectos, explicó.
“Estamos haciendo –agregó– un mapeo de todas las intervenciones para el 2020 tomando en consideración la capacidad de las comisarías, la situación de su infraestructura y, lo más importante, si el terreno está saneado”.
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