El pasado 19 de setiembre, el Gobierno publicó el decreto supremo que establece el estado de emergencia por 60 días en los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP), en Lima, ante el alto índice de delincuencia y criminalidad que azota el país.
Ello suspendía desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas, los eventos sociales y espectáculos” en estas jurisdicciones. No obstante, el estado de emergencia no fue impedimento para que decenas de jóvenes infringieran la medida.
Con disfraces de todo tipo: Brujas, enfermeras, diablitos y personajes de terror, jóvenes salieron de las discotecas acompañados de policías quienes los escoltaron para retirarse del lugar. Ellos habían bebido alcohol, pero no se registraron hechos violentos.
La Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (Mininter) advirtió que se anunciaron muchas fiestas, algunas de ellas sin las autorizaciones respectivas que garanticen la seguridad de sus asistentes. En ese sentido, la entidad exhortó a la ciudadanía a percatarse de cuáles eran realmente los eventos que contaban con las debidas garantías, esto con la finalidad de salvaguardar su integridad física.
De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el Ejecutivo está facultado para extender el estado de emergencia declarado en alguna zona, distrito o región. La prórroga puede ser superior a los 30 días calendario (aproximadamente un mes), previo debate y acuerdo en el Consejo de Ministros.
¿Qué implica el estado de emergencia?
- Suspender o restringir el libre tránsito
- Suspender o limitar la libertad de reunión
- Suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio (por sospecha, el policía o militar puede ingresar a tu casa sin orden judicial)
- Otorgar permiso para la intervención de las Fuerzas Armadas por control y vigilancia.
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