El sábado 27 de junio, tres personas fueron asesinadas por un ajuste de cuentas vinculado a la construcción civil en el Callao, según la policía. Las extorsiones relacionadas con la construcción civil no se limitan a obras privadas. De hecho la mayoría de obras públicas en Lima están controladas por organizaciones delictivas que cobran cupos y extorsionan a empresarios y obreros.
Este problema se extiende y se agrava en el interior del país. De acuerdo con el Ministerio del Interior, entre enero y el 15 de julio de este año, 30 personas vinculadas a este rubro murieron a manos de sicarios en el país. En todo el 2014 las víctimas sumaron 38. De hecho, el 48% de crímenes por sicariato en el país es por ajuste de cuentas entre mafias de construcción y narcotráfico, según la División de Investigación de Homicidios.
Ante esta problemática en la construcción, el Ejecutivo evalúa promulgar un decreto legislativo con distintas medidas.
Una de ellas es la bancarización del pago de remuneraciones a los obreros y en especial el de la cuota sindical (descuento que se le hace a cada obrero por pertenecer al sindicato). La cuota deberá depositarse en la cuenta de la organización sindical, ya que las actividades delictivas en el país, como el sicariato, son financiadas con dichos fondos, según la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles (Dirproc).
El coronel Germán Márquez, jefe de la Dirproc, explicó que las mafias de construcción forman seudosindicatos y obligan –con amenazas de por medio– a los obreros a afiliarse. “Cada obrero acepta que el empresario le descuente S/.10 de la planilla semanalmente por estar en el sindicato. Ese dinero es entregado al líder sindical, quien supuestamente usará los fondos para el bienestar colectivo, pero en la práctica es destinado a actividades ilícitas. Si son 200 obreros, ese cabecilla se lleva S/.2.000”, precisó el coronel.
El coronel Márquez recalcó que las mafias sindicales también obligan a empresarios a incluir en su planilla a personal de seguridad del dirigente sindical. “Esta medida permitirá rastrear el dinero que reciben esas mafias”, detalló Jaime Reyes, jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior.
Otras medidas
Reyes también puntualizó que otra propuesta es que ningún miembro de las juntas sindicales (órgano que dirige el sindicato) haya sido condenado por homicidio, lesiones graves, extorsión, secuestro, asociación ilícita, robo agravado, tenencia ilegal de armas y falsificación de documentos y reglaje.
Así también, se evalúa que los municipios informen a las comisarías sobre las licencias de construcción que se hayan emitido para que haya patrullajes.
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