Al despedirse de su hija, en la puerta de Emergencias del hospital Arzobispo Loayza, Juan G. le dijo con voz entrecortada: “Si pasa lo peor, encárgate de que nadie me olvide”. Sentado en la silla de ruedas, con una baja saturación de oxígeno y esa diabetes diagnosticada años atrás, el hombre de 76 años anticipaba el final. Uno que había previsto desde que empezó a faltarle el aire el domingo anterior.
Así lo recuerda Ana, la hija, quien lo llevó al establecimiento de salud un miércoles de noviembre pasado. A la complicación respiratoria de su padre, se habían sumado una fiebre y tos incesantes. “Él temía que se tratara del COVID-19. Sabía que era parte de la población de riesgo, por la edad y su enfermedad. Entonces lo llevamos al hospital”, dice.
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Solo dos días después, un viernes, Juan G. falleció. No hubo necesidad de pedir una cama en cuidados intensivos, ni más balones de oxígeno. Al parecer, tampoco hubo tiempo de hacerle una prueba de descarte; a la familia solo le informaron que había muerto sin mayor sufrimiento. Ana considera que esa explicación es insuficiente: “Tenía los síntomas de la infección, pero no sabemos si murió por eso. Siempre tendremos esa duda”.
Para ella es importante saber si su padre es reconocido por el Estado como una víctima del COVID-19. Que no sea olvidado entre papeleo, términos complejos y burocracia médica. Quiere confirmar si Juan G. engrosa ese grupo de fallecidos que oficialmente llega a 44.877, pero que ya sobrepasó los 100 mil en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
Un creciente desfase
A fines de julio pasado, Pilar Mazzetti anunció una de las consignas de su gestión como nueva ministra de Salud: “Ningún fallecido debe quedarse fuera de registro”. Era el cuarto mes de emergencia y el Minsa había añadido 3.688 decesos a la cifra oficial de muertos por el virus.
Fue un primer intento por corregir el denominado “desfase” entre lo que informaba el sistema de vigilancia del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) –que por entonces sumaba 25 mil víctimas (18 mil confirmadas y 7 mil sospechosas)– y lo que mostraba el Sinadef –unas 43 mil por esas fechas–, la plataforma estatal donde se reportan todos las defunciones del país.
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Mazzetti también advirtió que había una diferencia de 18 mil muertos entre ambos registros (CDC y Sinadef). Explicó que eso sucedía cuando el médico tratante consignaba al COVID-19 como una de las causas de muerte en los certificados de defunción, por lo que el Sinadef los contabilizaba automáticamente como fallecidos por el coronavirus. La exministra agregó que cada caso de ese tipo debía ser investigado y “aclarado poco a poco”. “No esperemos una cifra final única porque eso solo lo tendremos una vez que culmine esta pandemia”, dijo.
En noviembre, el Minsa emitió la Directiva Sanitaria Nº 122-2020/CDC y refrendó la metodología establecida para definir cada fallecimiento. Esto, a fin de incluirlo o no en el registro oficial del Estado Peruano.
Tipo de fallecimiento por COVID-19 | Características | Aparecerá en |
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Fallecido confirmado | [1] Caso confirmado de COVID-19 por una prueba molecular y que fallece como consecuencia de la historia natural o la evolución clínica de la enfermedad [2] Caso probable de COVID-19 que fallece pero cuenta con imagen radiográfica, ecográfica o pulmonar; prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2; prueba serológica reactiva a IgM o IgM/IgG; nexo epidemiológico con un caso confirmado. | [1] Reporte oficial [2] Sistema de vigilancia del CDC |
Fallecido sospechoso | Caso sospechoso de COVID-19 que fallece y que no se puede identificar de manera certera la causa de muerte. | Sistema de vigilancia del CDC |
Fallecido compatible | [1] Caso sospechoso de COVID-19, con síntomas de infección respiratoria aguda grave (IRAG), que fallece como consecuencia de la evolución clínica de la enfermedad [2] Caso fallecido con certificado médico de defunción donde figura el diagnóstico de COVID-19 como causa básica de la muerte, o como causa contribuyente sin otra causa que explique la defunción, y no se cuenta con ningún resultado de laboratorio o de imágenes radiológicas. | Sinadef (muerte COVID) |
Fallecido descartado | Caso sospechoso o probable que fallece y luego de ser investigado no cumple con los criterios para ser clasificado como fallecido confirmado o fallecido compatible por COVID-19. | Sinadef (muerte no COVID) |
Pero el “desfase” siguió creciendo y se aceleró en el 2021 con la confirmación de la segunda ola. Al 20 de febrero, el Sinadef reportó un total de 102.225 fallecidos por la pandemia, mientras que el CDC sumó 59.945 (44.877 confirmados, que representan el 44% del total, y 14.618 sospechosos). Es decir, esa diferencia de 15.000 –anunciada en julio por Mazzetti– aumentó hoy a casi 43.000 muertes por aclarar.
Así, en lo que va del año se han sumado 7.197 decesos confirmados por el COVID-19, con un promedio diario de 141, según el Minsa. El Sinadef triplica ese registro: en el 2021, la plataforma ha identificado 21.100 fallecimientos por la pandemia, con una media diaria de 414 (entre oficializados, sospechosos y compatibles).
El dilema de contabilizar
Pero esta problemática de oficializar fallecidos por la pandemia no es exclusiva del Perú. Diferentes naciones han tenido complicaciones para registrar sus fallecidos debido a las metodologías aplicadas. En España, el Ministerio de Sanidad considera solo a las personas con diagnóstico confirmado, aunque algunas jurisdicciones autónomas como Cataluña y Madrid “facilitan el dato de muertos con síntomas compatibles de COVID-19”, como reportó RTVE.
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En Bélgica, el Gobierno dispuso que la cifra nacional incluya a los casos sospechosos “independientemente de si la persona fallecida fue examinada”, según informó Deutsche Welle. Con 21.887 decesos oficializados y una tasa de 191,6 muertos por cada 100 mil habitantes, este país europeo presenta la mayor mortalidad del mundo, de acuerdo con un ranking elaborado por el Coronavirus Resource Center de la Johns Hopkins University. En la misma lista, el Perú se ubica en la posición 14 con una tasa de 139,7 muertos.
Ragi Burhum, científico y miembro del colectivo OpenCovid-Perú, indicó que se ha calculado que el subregistro llega a 114.000 fallecidos, y que parte del problema surge en los distintos enfoques que aplican el CDC y el Instituto Nacional de Salud.
Sobre la metodología, precisó: “En el Perú la decisión fue contabilizar las muertes confirmadas con una prueba molecular positiva. Pero si no hemos hecho las pruebas suficientes, o en todo caso se utilizaron masivamente las rápidas, ¿por qué no reportamos como Bélgica? Ellos no tenían la logística suficiente como para testear a su población, y apostaron por incluir a los sospechosos”.
El biólogo computacional Patrick Wieghardt explicó días atrás que el número de fallecidos por el virus que el Minsa debe oficializar es el que hoy reporta el Sinadef: “El desfase es tan grande a la fecha, que el Estado no puede seguir con el discurso de que una persona que falleció por un infarto pero con diagnóstico de COVID-19, por ejemplo, no puede ser contabilizada como una muerte oficial o confirmada de la pandemia”.
Este Diario solicitó al Minsa una versión oficial teniendo en cuenta el cambio de gestión, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.