Se abre una nueva posibilidad para que encuentren justicia aquellos menores que sufrieron abuso sexual. Ayer el Ejecutivo hizo una propuesta para que se modifique la Constitución a fin de que los delitos sexuales contra los menores no prescriban. Este planteamiento busca fortalecer los mecanismos legales para proteger a la víctimas.
En el proyecto de ley se propone que se incorpore a la Constitución: “La acción penal será imprescriptible en los delitos contra humanidad y los crímenes de guerra [...] y en aquellos delitos en los que se afecte la indemnidad sexual de menores de edad”.
El documento plantea que los delitos contra la libertad sexual de menores no prescriban. La propuesta no solo incluye violaciones y otros tipos de abuso sexual, sino también los casos de proxenetismo; es decir, cuando se obliga a los menores a ejercer la prostitución.
Tampoco prescribirán en caso de que un sujeto pague para tener relaciones sexuales con una persona de entre 14 y 18 años.La norma propuesta modificaría el artículo 139 de la Constitución, posibilitando que la ley penal regule la imprescriptibilidad de los delitos detallados. La propuesta también prevé la modificación del artículo 80 del Código Penal.
A través de un oficio dirigido al presidente del Congreso, Luis Galarreta, que lleva la firma del presidente Martín Vizcarra y del primer ministro César Villanueva, se resalta que el proyecto tuvo el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y piden que se “someta a consideración” con carácter de urgencia.
El texto recoge las propuestas sobre imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad planteadas por las bancadas de Fuerza Popular, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Apra y Acción Popular.
–Secuelas en las víctimas–Dentro de las justificaciones de la propuesta del Ejecutivo, se señala que la mayoría de casos de violación a menores quedan impunes debido a que en el momento de la agresión la víctima también sufre secuelas psicológicas que le dificultan revelar el hecho y denunciarlo.
El documento detalla que el proceso de denuncia se dificulta cuando la agresión proviene del entorno cercano o familiar del menor.
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el 20% de los casos el agresor es el padre o la madre.
En las cárceles hay 7.901 internos procesados y sentenciados por el delito de violación sexual a menores, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Se trata del segundo delito con más internos (el primero es por robo agravado).
Se estima que 1.800 niñas de 12 años son madres producto de una violación, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de la Mujer.
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