Por más de dos horas, el ministro del Interior, Jorge Montoya, y el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, respondieron las consultas de los congresistas de la comisión de Defensa del Congreso de la República sobre la tragedia ocurrida el sábado en la discoteca Thomas, en Los Olivos.
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El presidente de la comisión, Daniel Urresti, explicó que se invitó a ambas autoridades para que expliquen los detalles de lo que sucedió en el restobar que funcionaba de manera clandestina como discoteca en pleno estado de emergencia decretado para enfrentar el coronavirus.
Urresti inició la sesión pidiendo al ministro que precisara si los asistentes al local habían bebido licor, si contaban con mascarillas, si guardaban distancia social y si el lugar contaba con la señalización dispuesta por Defensa Civil para situaciones de emergencia. “¿Al menos saben si había alguien midiendo la temperatura en la puerta como se ha estipulado?”, dijo el parlamentario.
El ministro indicó que ninguna de las personas que se encontraban en el lugar cumplía con las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. Señaló, además, que encontraron gran cantidad de botellas de licor que se habían estado consumiendo desde las 6 de la tarde.
“Lo de la señalización no lo sabemos porque está en investigación fiscal. Cuando ingresó la policía no había nadie en la puerta, por lo tanto, tampoco había nadie haciendo el control de la temperatura”, agregó.
-Los detenidos y la inseguridad-
Sobre la situación penal de los detenidos durante la intervención, Montoya precisó que de las 23 personas que fueron detenidas, 5 de ellas presentan antecedentes penales. Además, señaló que de las 13 personas fallecidas, 1 también tenía antecedentes penales y 4 tenían denuncias. Aclaró que ninguno tiene orden de captura vigente.
Sin embargo, dijo que se podría presumir que las personas que lograron huir del lugar al ver a la policía sí tendrían requisitorias y eso explicaría el por qué de su desesperación. “Desconocemos si en el lugar había personas con RQ, pero se aduce que podrían ser los que se escaparon por las ventanas y los costados para no ser capturados”, dijo.
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Al referirse a la seguridad ciudadana de Lima en pleno estado de emergencia, el ministro afirmó que existe un déficit de 6 mil policías para “soportar las necesidades de la ciudad”. Precisó que de los 22 mil policías que están en la capital, 7 mil realizan la labor de patrullaje en la calle.
“Nuestra Policía Nacional es parte de la primera línea de defensa ante esta pandemia que estamos viviendo, conjuntamente con todo el personal de salud y de nuestras Fuerzas Armadas. Ellos trabajan día a día por todos nosotros y se esfuerzan por brindarnos seguridad. Queremos exhortar al pueblo peruano que dejemos de incumplir la ley, dejemos de participar en eventos ilegales porque no solo salen afectados los que van, sino nuestras familias, nuestros compañeros. Tenemos que ser conscientes de que esto no es una broma. Seamos fuentes de transmisión de que tenemos que seguir luchando porque esto es una guerra con un enemigo desconocido que no tiene cura, hasta el momento. Que los jóvenes entiendan que no son infalibles ante esta pandemia, que dejen de divertirse en lugares no autorizados o en lugares personales”, finalizó.
-”No tenían licencia”-
El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, inició su presentación asegurando que el local en donde funcionaba la discoteca restobar Thomas no contaba con licencia de funcionamiento vigente desde el 24 de enero de este año.
Ante la consulta del congresista de Unión por el Perú, Rubén Pantoja, sobre el número de operativos de fiscalización realizados durante la pandemia, el alcalde solo respondió que la comuna fiscaliza, pero solo en la medida de sus posibilidades. Indicó que no cuentan ni con personal ni con presupuesto para reforzar la fiscalización en el distrito.
“Solo tenemos 150 serenos y 24 fiscalizadores nuevos contratados exclusivamente para el control del comercio ambulatorio”, indicó.
Sobre la situación legal del local, el alcalde explicó que este fue clausurado el 13 de junio del 2019 cuando Daniel Urresti era gerente de fiscalización de la comuna. El congresista Urresti precisó que, entonces, el local había estado funcionado como una cantina y burdel cuando tenía permiso para operar como restaurante.
“El restaurante fue clausurado el 13 junio del 2019. Luego, el administrador presentó los documentos que se le pidieron y, un mes y medio después, tuvo resolución de aceptación. Se reabrió pero con el giro de restaurante. En el 2018, PCM sacó una norma anulando el certificado de inspección técnica que eran indefinidas. Entonces, su certificado solo tuvo vigencia hasta el 24 de enero, en consecuencia no tiene licencia”, dijo Castillo.
Al finalizar su intervención, el alcalde aseguró que se conformará un pequeño equipo de inteligencia junto a la Policía Nacional para hacer un registro de los locales que cometen actos irregulares en el distrito.
El congresista Urresti informó que todo lo explicado en la sesión virtual será remitido a la fiscalía para que sea incluido en la investigación penal que se está realizando.
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