Tribunal Constitucional publicó sentencia que afecta la autonomía de Sunedu

El Tribunal Constitucional (TC) publicó la sentencia que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad que interpuso un grupo de congresistas contra la Ley 31520, la cual modifica la composición del Consejo Directivo de Sunedu y permite que lo integren representantes de las universidades.

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“Interpretar que todos los representantes que integran el Consejo Directivo de la Sunedu, incluidos los de las universidades públicas o privadas, una vez que asumen la función pública en dicho Consejo Directivo, a tenor de la modificación del artículo 17 de la Ley 30220, prevista en la Ley 31520, deberán constituirse en el ejercicio del cargo como miembros independientes y neutrales debiendo actuar con imparcialidad y sin asumir la representación de ninguna institución conforme a lo señalado en el fundamento 85 de la presente sentencia”, indicó el TC en su fallo.

“Interpretar que, para la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, la norma aplicable es el artículo 17 de la 30220, modificada por la Ley 31520, y no el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451, porque se trata de un procedimiento específico para la elección de representantes de las universidades públicas y privadas en el Consejo Directivo de la Sunedu, conforme a lo expuesto en el fundamento 124″, agregó.

La sentencia lleva la firma de los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Luis Gutiérrez Ticse (con fundamento de voto), Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich. También se deja constancia de que, en la misma sesión, el magistrado Manuel Monteagudo Valdez emitió un voto singular.

El caso

La Ley 31520, denominada “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, recompone el Consejo Directivo de Sunedu para incluir a representantes de universidades en la tarea de fiscalizarse y autorizarse a sí mismos. La norma había sido aprobada en el Congreso en julio pasado y promulgada, pese a que un fallo del Poder Judicial disponía su inaplicación al considerarla una amenaza al derecho a la educación universitaria de calidad.

Tras ello, unos 33 congresistas, de bancadas como Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, entre otros, recurrieron en setiembre pasado al TC y presentaron una demanda de inconstitucionalidad.