De las 142 universidades públicas y privadas que hay en el Perú, siete ya han obtenido su licencia de funcionamiento institucional bajo la nueva Ley Universitaria. Asimismo, 76 casas de estudios han presentado su solicitud para iniciar este trámite en lo que va del 2016.
Lorena Masías, titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), explica que dichos números “evidencian el impacto positivo de la normativa vigente” y muestran la disposición que tienen las autoridades universitarias para acogerse a ella. “La ley está abierta a mejoras, pero cualquier iniciativa desde el Congreso para modificarla no debe frenar lo avanzado”, dice.
—Las modificaciones—La iniciativa a la que se refiere Masías es el proyecto de ley 469-2016, presentado por el congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra), con el que se busca modificar algunos artículos de la Ley Universitaria (promulgada en julio del 2014) sobre tres aspectos fundamentales.
En primer lugar, propone que la Sunedu no esté adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), ya que –sostiene– esto expone a las universidades a “depender del poder político del gobierno de turno”.
En segundo término, plantea modificar el nombramiento del consejo directivo de la Sunedu. Actualmente, este se compone por el superintendente (designado por el titular del Minedu); un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec); y cinco ciudadanos seleccionados por concurso público.
Velásquez Quesquén considera que debe haber seis miembros en el consejo directivo: tres representantes de universidades privadas y tres de universidades públicas, quienes se encarguen de designar al superintendente. “Si esto no se modifica, un próximo ministro nombrará a dedo a cualquier persona y se supeditará todo al Ejecutivo”, comenta.
Finalmente, el parlamentario busca que el licenciamiento para las universidades sea definitivo y no renovable, que es como se regula el tema en la norma vigente. Según expone, esto representa un trámite burocrático evitable, ya que la Sunedu puede supervisar si la calidad educativa del centro de estudios decrece y retirarle la licencia si es conveniente.
“Que la Sunedu fiscalice la excelencia académica, pero no es necesario que someta a las universidades a más burocracia con procesos de renovación de licencia cada seis años, como establece la ley”, agrega.
—Las críticas—
Las propuestas de Velásquez Quesquén han recibido críticas desde varios frentes; algunas de ellas basadas en que el Tribunal Constitucional (TC) ya se ha pronunciado sobre aspectos ligados a sus planteamientos.
En noviembre del 2015, el TC estableció que la adscripción de la Sunedu al Minedu no resultaba inconstitucional, ya que diversos organismos públicos (Sunarp, Sunat) pertenecen formalmente al Poder Ejecutivo, pero tienen una autonomía funcional. Es decir, que la adscripción no supone una intervención política.
Respecto al licenciamiento, el TC también precisó que el período de seis años (vigencia mínima de cada licencia otorgada) no era arbitrario. Masías indica que esto puede debatirse, pero que “no se puede calificar al proceso de verificación de estándares de calidad educativa, que deriva en la aprobación de la licencia, como una traba burocrática”.
En el caso de la conformación del consejo directivo de la Sunedu, se ha sostenido que la fórmula de Velásquez Quesquén (seis representantes de universidades públicas y privadas) sería un retorno al esquema de la Asociación Nacional de Rectores (ANR), en el cual las universidades eran “juez y parte” en su supervisión y fiscalización.
El parlamentario señala que esa figura no se dará, ya que los representantes universitarios serán escogidos por concurso público y no por los rectores, pese a que ello no se especifica en su proyecto de ley. “Eso se verá en el reglamento a futuro”, agrega.
Velásquez Quesquén asegura que su iniciativa también está abierta a modificaciones y al debate en la Comisión de Educación del Congreso. “Haré las precisiones correspondientes al licenciamiento y del consejo directivo si es necesario, pero de ninguna manera la Sunedu puede estar sujeta al Ejecutivo”, concluye.
Expertos creen que las universidad públicas se relegarían con la reforma
De las siete universidades que ya han obtenido su licencia bajo los parámetros de la Ley Universitaria, seis se ubican en Lima y todas son privadas. ¿Acaso será una tendencia a futuro que solo las casas de estudios capitalinas y no estatales logren adecuarse a la nueva normativa?
Para Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, se requiere una mayor inversión en las universidades públicas para que estas puedan estar a la par de la reforma. “Si no es así, estarán relegadas. En el Perú, los niveles de inversión por estudiante son bajísimos [US$800]. Chile y Colombia doblan nuestras cifras”, dice.
Ñopo agrega que, si bien se requiere una modificación del presupuesto estatal, la Sunedu debe fortalecerse para no regresar al viejo sistema universitario. “Solo un ejemplo: en 1996, había 14 profesores por cada 100 estudiantes; al 2010, solo quedaban dos. Era un sistema en crisis”, concluye.
En tanto, Gonzalo Galdós, ex rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Presidente Ejecutivo de Futura Schools, también coincide en que el Ejecutivo debe reformular los presupuestos para las universidades públicas, ya que de eso depende que puedan estar a la par de las privadas.
Asimismo, Galdós indica que se debe apostar más por la acreditación, una competencia directa del Sineace, que por el licenciamiento mismo. “La ley requiere ajustes. Uno de ellos lo plantea Velásquez Quesquén: que las universidades no tramiten su licencia periódicamente. Es un relicenciamiento innecesario”, afirma.
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