Alberto Sierra Oliván baja la cabeza, encogido e indefenso. La mirada perdida de este sujeto de 52 años podría inspirar lástima. Pero no en los policías del aeropuerto Jorge Chávez que lo rodean: este español se dedica a dopar animales, atarlos de sus patas y envolverlos con trapos negros hasta la asfixia con tal de sacarlos del país.
Sentado en la oficina policial donde caen todos los traficantes que intentan embarcar un avión, Sierra confiesa: en lo que va del año, ha realizado el negocio dos veces, la primera en abril con 10 gallitos de las rocas, y la última, el pasado 25 de junio, con 14 tucanes y 19 aves violeta que pretendía llevar de contrabando a Madrid.
“Esa ciudad, y muchas otras de Europa, Asia y Norteamérica son los mercados más caros para los traficantes de animales silvestres. Por eso nuestros esfuerzos se concentran en el aeropuerto, así como en los terminales terrestres de acceso a Lima”, precisa Fabiola Muñoz Dodero, directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
Gracias a una alianza con Wildlife Conservation Society, el Serfor determinó que 67.749 animales silvestres fueron extraídos del Perú entre el 2000 y el 2015. De ellos, 29.591 eran aves exóticas y 2.607 mamíferos que, tras burlar los controles del aeropuerto, cuestan hasta US$1.000 según el final que les depara: mascotas, la industria del cuero y las pieles, la caza deportiva o la medicina tradicional.
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De acuerdo con la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna al 2021, el 90% del contrabando de animales se realiza en Lima, Tumbes, Loreto y Ucayali. En el caso de la capital, además de la venta callejera en el Cercado, La Victoria, Surquillo, Carabayllo y Comas, el acopio de especies para las travesías más largas tiene al primer terminal aéreo como último escenario. Allí, si bien hay éxitos como la captura de Sierra, muchos otros traficantes sí logran su propósito [ver infografía].
“De cada 10 animales salvajes capturados en el Perú, uno llega a ser mascota. El resto muere”, afirma Noga Shanee, experta en Ecología Política y Conservación de la ONG Neotropical Primate Conservation.
—Indignación—Muñoz agrega que, además de la fiscalización, otro aspecto por mejorar es el judicial. Pese a que desde el 2008 el tráfico de animales se pena hasta con cinco años de cárcel, esto no se cumple.
Sierra, por ejemplo, fue sentenciado el 21 de abril a solo a dos años y medio de prisión suspendida. Sesenta días después, reincidió. “Hay jueces que piensan que este delito no es grave, que son pocas aves o monos los afectados”, lamenta la funcionaria, quien pese a la desilusión destaca lo positivo: 21.164 animales rescatados vivos entre el 2009 y el año pasado.