Hermelinda Gutiérrez no deja de mirar el ataúd de su esposo Melchor Alarcón Coronado, a quien podrá sepultar tras 30 años de su muerte.
Él es uno de los 139 internos de la isla-penal El Frontón ejecutados por infantes de la Marina entre el 18 y 19 de junio de 1986, sucesos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) calificó de violación a los derechos humanos. Esto dio paso a una amplia acusación fiscal que implica a 35 marinos, entre oficiales y subalternos, en los delitos de homicidio calificado y ejecuciones extrajudiciales.
Ayer, en la Morgue Central de Lima, el Ministerio Público (MP) entregó a sus familias los restos de siete fallecidos. Cuando ocurrió la matanza, ellos estaban recluidos en el pabellón Azul de El Frontón, acusados de pertenecer a las filas de Sendero Luminoso. La Fiscalía Superior Penal Nacional afirma que ni en el INPE ni en la policía ni en el Poder Judicial hay documentos sobre los procesos abiertos por terrorismo contra estas personas. Ellos son Claudencio Mendoza Reyes, Feliciano Huamaní Astuvilca, Alfonso Gonzales Toribio, Joel Berchmans Canahualpa Valenzuela, Segundo Alcibiades Chávez Díaz, Alejandro Chancasanampa Castro y Melchor Alarcón Coronado.
–Largos procesos–¿Por qué después de tres décadas el Estado aún no puede entregar a sus familiares los restos mortales de todos los fallecidos en El Frontón?
La fiscal Luz Ibáñez, de la Fiscalía Superior Penal Nacional, dijo que de todas las exhumaciones en cementerios de Lima se lograron individualizar a 81 personas; de ellas, 32 están identificadas.
Cinco cuerpos se entregaron en el 2005. Siete años después, en el 2012, el MP restituyó a sus familias los restos de nueve personas. En abril de este año uno más y ayer se sumaron siete cuerpos. Ya son 22 personas devueltas, pero hay más de un centenar pendiente.
En 1986, el Estado mató a 249 internos en los penales del Callao, Lurigancho y El Frontón. Supuestamente eran terroristas, aunque según sus familiares la mayoría se encontraba en calidad de acusados.
Posteriormente, sus cadáveres fueron quemados y enterrados clandestinamente en diferentes cementerios de Lima.
Alicia Huamaní Flores, hija de una de las personas restituidas (Feliciano Huamaní Astuvilca), dijo que su padre era contador público y que fue detenido en 1981 acusado de terrorismo por ser sindicalista.
“Nos quieren cobrar la necropsia, para los cajones nos apoyó una institución y vamos a pagar los nichos. El Estado no ha puesto ni un sol”, criticó Huamaní.
–Juicio oral en espera–La acusación de la fiscal Luz Ibáñez ingresada el 3 de enero del 2013, que sindica a 35 marinos de ejecutar extrajudicialmente a 139 internos de El Frontón, se encuentra en la etapa de control de acusación.
La primera audiencia ante la Sala Penal Nacional está programada para este 26 de agosto. En la cita, Ibáñez pedirá fecha para el inicio del juicio oral.
El 18 de junio de 1986 internos de El Frontón tomaron de rehenes a ocho funcionarios penitenciarios. Luego de que la Comisión de Paz fracasara, unos cien marinos armados con fusiles de guerra, dos cañones antitanques, lanzacohetes, granadas y explosivos se enfrentaron a los reos.
Según la fiscal, después de la 1:30 p.m. del 19 de junio de aquel año, con los internos ya rendidos, un grupo de marinos ingresó a la cárcel con la orden de matar a los sobrevivientes.
El Ministerio Público ha pedido entre 25 y 28 años de prisión para los infantes que participaron y dirigieron la operación en aquella cárcel, hoy desaparecida.