Desde el lunes 24 de febrero de 2020 entró en vigor en todo Estados Unidos la nueva regla de “carga pública” que permite a funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) negar algunos beneficios migratorios, incluyendo la residencia permanente, a ciertos inmigrantes que reciban beneficios públicos.
La regla final, que se publicó el 14 de agosto de 2019 en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) modifica las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y prescribe la manera en cómo esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.
La administración de Donald Trump podrá implementar la nueva regla en todo los Estados Unidos. Aunque esta política no es nueva, sí habrá unos cambios que perjudicarán a algunas personas desatando una gran preocupación. A continuación, estas son las claves para entender de qué se trata la nueva regla de carga publica y cómo afectará a los inmigrantes.
¿QUÉ ES LA REGLA DE CARGA PÚBLICA?
De acuerdo con la agencia del Departamento de Seguridad Nacional, se define como “carga pública” a una persona que “probablemente se convierta en dependiente del gobierno para su subsistencia”.
A partir del próximo lunes 24 de febrero, se vinculará el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para determinar si una persona “es inadmisible” tras haber solicitado la extensión de una visa, la admisión a Estados Unidos o el ajuste de su estatus ('green card').
La ley de inadmisibilidad por motivo de carga pública no es nueva. Hace más de 100 años que el Congreso estableció un estatuto que hace inadmisibles a Estados Unidos a personas que no pueden sostenerse a sí mismos.
Entonces, ¿qué pasará ahora? El nuevo protocolo establece de que el gobierno a partir de ahora tendrá más flexibilidad a la hora de negar visas o residencias si los solicitantes o miembros de su familia se van a beneficiar de ayudas públicas, entre ellas, por ejemplo, Medicaid, programa de alimentación para niños o los vouchers de alimentos.
“Si en un período de 3 años, la persona recibe por 12 meses consecutivos esa ayuda, el gobierno no permitirá que la persona ingrese a Estados Unidos como residente”, explica el abogado especialista en inmigración, Irving Gonzalez, a Univisión.
Esta regla afecta a los inmigrantes que, debido a una enfermedad, embarazo y otras discapacidades temporales, aprovecharon beneficios, subsidios, asistencia nutricional o asistencia para vivienda, sobre la cantidad permitida.
¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS DE LA NUEVA REGLA FINAL?
- Establece la definición de carga pública como una persona que recibe uno o más beneficios públicos por más de 12 meses en total, dentro de cualquier período de 36 meses. Personas que son consideradas “carga pública” bajo esta definición generalmente serán inadmisibles para cambio de estatus o extensión de estadía.
- Cambia el estándar que usa el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para determinar qué probabilidad existe que un extranjero se convierta en “carga pública” en el futuro, haciendo que sea inelegible para la admisión o el ajuste de estatus. Al determinar si un extranjero es inadmisible por este motivo, deben considerar la edad del extranjero, salud, estado familiar, activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades.
- “Los factores a determinar son aproximadamente ocho y deberán tenerlos todo en cuenta al momento de decidir si aprueban o no una visa o la residencia. A partir de ahora habrá más posibilidades de determinar que una persona podrá convertirse en carga pública y le negarán el trámite”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
¿QUIÉNES SON EXENTOS DE SER CARGA PÚBLICA?
- La nueva regla excluye de la definición de carga pública por el uso de beneficios públicos a las siguientes personas:
- Niños adoptados internacionalmente que adquieren la ciudadanía estadounidense.
- Extranjeros menores de 21 años de edad y mujeres embarazadas que usan beneficios de Medicaid.
- Personas que usan Medicaid por servicios escolares (incluidos los servicios proporcionados bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades).
- Personas que usan beneficios de Medicaid para servicios médicos de emergencia.
- Miembros en servicio activo o en reserva de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sus cónyuges e hijos.
- Refugiados, solicitantes de asilo, jóvenes inmigrantes especiales (SIJS), algunas víctimas de trata de personas (visa T de no inmigrante), víctimas de actividades delictivas cualificadas (visa U de no inmigrante) o víctimas de violencia doméstica (autopeticionarios VAWA), entre otros.
La nueva política cambia por primera vez un sistema que venía implementándose desde 1965, cuando el entonces presidente, Lyndon B. Johnson, promulgó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que regula el sistema migratorio y determina quiénes son los extranjeros que pueden entrar y permanecer en el país, ya sea como no inmigrantes o inmigrantes.
Ante este panorama, activistas que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que la falta de información y la incertidumbre generada tras el primer anuncio del gobierno, ha tenido impacto en la comunidad, y denuncian que muchos extranjeros con hijos estadounidenses los han retirado de programas para los cuales califican legalmente por miedo a ser afectados en trámites de legalización futuros.
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