La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sentencia de cinco años y un día de prisión para tres ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por torturas aplicadas de forma reiterada a dos presos políticos en 1974, informaron fuentes judiciales.Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller permanecieron recluidos en un centro clandestino de detención y torturas situado en el municipio Santiaguino de Ñuñoa entre el 22 o 23 de septiembre y el 5 de octubre de 1974.
En un fallo unánime de su V Sala, el tribunal de alzada confirmó la pena de cinco años y un día de presidio determinada en primera instancia contra el coronel del Ejército Ricardo Lauriani Maturana, el teniente coronel de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y el ex suboficial Basclay Zapata Reyes como autores de los tormentos.
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Los tres, miembros de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Pinochet, están también condenados en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
No obstante, Lawrence, que estaba en libertad provisional, se fugó antes de presentarse a cumplir sus condenas y permanece prófugo desde hace más de un año. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado negligencia de los organismos encargados de su búsqueda.
En la parte civil, la Corte ratificó la sentencia que ordena al Estado de Chile a pagar una indemnización por daño moral de 50 millones de pesos (unos 73.500 dólares) a cada una de las víctimas.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 permanecen aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
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Fuente: EFE