El sargento retirado de la infantería de marina de Estados Unidos Andrew Tahmooressi no entendía por qué unos oficiales y soldados mexicanos tomaban las armas que llevaba en su auto y amenazaban con arrestarlo. Inquieto marcó el número 911, el teléfono de emergencia de su país y pidió ayuda.
La operadora que contestó le solicitó que describiera el uniforme de los oficiales, preguntó si hablaban español y pidió que le indicara el sitio donde se encontraba. “Me temo que se encuentra en México, señor, no puedo ayudarlo” y terminó la llamada.
Era de madrugada, el 31 de marzo de este año. Recién entonces el estadounidense empezó a entender que se encontraba en un país donde portar armas como las que llevaba en su auto es un delito que se castiga hasta con 30 años de prisión.
Tahmooressi, veterano de la guerra en Afganistán, aseguró que había ingresado al país por error pero los militares y agentes del Servicio de Administración Tributaria, que controla las aduanas mexicanas y que procedieron a su arresto, no creyeron su versión. Fue enviado a prisión, donde aún permanece y enfrenta un juicio acusado de introducir ilegalmente armas a México.
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Foto: Reuters
Desde entonces se ha convertido en una causa célebre de organizaciones y medios vinculados con la derecha de Estados Unidos, que reclaman que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tome acciones en el caso.
Congresistas de ese país han enviado cartas al juez que lleva el caso en Tijuana, para exigirle que libere a su compatriota. Además, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó dos resoluciones en las que demanda al Gobierno Mexicano la liberación del ex marine (o infante de marina), e incluso solicitan una sanción económica a México durante el tiempo que el militar permanezca en prisión.
El secretario de Estado de EE.UU. John Kerry abordó el caso en una reunión que sostuvo con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en mayo pasado. “Estamos trabajando para determinar si cierta evidencia que está siendo presentada cumple los estándares necesarios para retener a ese joven infante de marina”, indicó.
Pero hasta ahora las autoridades mexicanas insisten en que Tahmooressi debe enfrentar el juicio que puede durar varios meses, y al final será el juez quien determine si es o no excarcelado.
CUESTIÓN POLÍTICA
Las presiones en Estados Unidos aumentan en la medida que se acercan las elecciones legislativas -de mitad de periodo- programadas para noviembre próximo, coinciden especialistas.
La cadena estadounidense de televisión Fox News, por ejemplo, mantiene una campaña para liberar al ex infante de marina. Al caso le ha dedicado varios programas y menciones editoriales en sus principales espacios de noticias.
En las redes sociales, especialmente Facebook, se han creado varios portales donde simpatizantes de la causa exigen al presidente Obama un papel más activo en el caso, e incluso algunos en esos espacios afirmaron que tenían un plan para rescatar a Tahmooressi de la cárcel en Tijuana.
La madre del detenido, Jill Tahmooressi, les pidió que cancelaran la operación. “En ocasiones, apasionados simpatizantes -veteranos y no veteranos- han contemplado un plan para rescatar a Andrew, incluyendo una operación y estrategias logísticas”, escribió en la página oficial de la familia en internet.
“Esta no es una acción aceptable. Por favor sepan que mi querido hijo Andrew y yo que hablo por él, creemos en la justicia… Por favor honren nuestra petición de esperar a que el proceso legal resuelva esto”.
Por lo pronto el abogado del militar, Fernando Benítez, asegura que la detención de su cliente fue irregular: el sargento se dirigía a San Ysidro, un barrio del condado de San Diego, para cenar con unos amigos pero se equivocó de carril en la carretera que conduce a México y de pronto se encontró en el puerto fronterizo del país vecino.
Al llegar al sitio, asegura Benítez, fue engañado por los agentes de aduanas quienes primero ofrecieron ayudarle a regresar a su país y luego lo entregaron al Ejército mexicano.
“Siempre dijo que no quería entrar a México, que se quería regresar. Las personas que interactuaron con él en un principio le dijeron: 'orilla tu auto y en 45 minutos viene una camioneta a escoltarte de regreso'”, le dice el abogado a BBC Mundo.
“Bajo esa falsa creencia lo tuvieron allí al principio pero luego le pidieron que moviera su camioneta varias veces hasta que lo sacaron de la garita y lo entregaron a los soldados”.
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EL JUICIO
Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) insiste en que cuenta con todos los elementos para encarcelarlo, aunque reconoce que será el juez quien determine si la detención fue irregular.
“Ahora hay un proceso donde se van a dar todas las oportunidades a todos. Si hubo deficiencias al momento de la detención ya será al juez que le corresponde, en un momento dado, juzgar esta situación”, dijo a medios locales el delegado de la PGR en Baja California, Rafael González Cervantes.
Entre los elementos que la fiscalía mexicana aportó al juicio se encuentran las armas, listas para disparar, que el militar estadounidense tenía en su automóvil, como una escopeta calibre .12, un rifle M6A2 Spartan, una pistola calibre .45 y 300 cartuchos para recargar el arsenal.
La PGR señala, además, que en el camino de San Diego a Tijuana abundan las advertencias a los viajeros de que a diferencia del territorio estadounidense en México es ilegal portar armas. Y Tahmooressi ya había cruzado al menos tres veces la frontera desde Tijuana antes de su captura, asegura la PGR.
Pero más allá del proceso legal, en México algunos creen que en este caso hay muchos elementos políticos, y también desconocimiento del sistema de justicia de este país.
Por ejemplo, Jorge Bustamante, investigador del Colegio de la Frontera y ex Relator Especial sobre los Derechos de las Personas Migrantes de Naciones Unidas, insiste en que el ex militar debe cumplir las leyes mexicanas.
“Tiene que ser sujeto de las leyes de este país, es una regla universal”, dijo a medios locales. Los legisladores estadounidenses, añade, “no entienden el concepto de soberanía” de México.
Mientras, el juicio apenas inició en Tijuana pues Tahmooressi cambió dos veces su equipo de abogados. El proceso se encuentra en el período de aportación de pruebas e interrogatorio a testigos. Legalmente en México los juicios no pueden prolongarse más de un año, siempre y cuando las partes involucradas no promuevan audiencias o procedimientos que los alarguen.
El plazo también puede modificarse si los testigos no acuden a las citas, explica el abogado Benítez, algo que es muy frecuente en el sistema de justicia mexicano.
En la segunda audiencia del proceso, realizada el 4 de agosto, el abogado Benítez interrogó algunos de los agentes de aduanas y militares que participaron en la captura del militar. El juicio se encuentra en la etapa de aportación de pruebas y testigos tanto por la defensa como de la PGR, algo que puede durar varias semanas o incluso meses.
Una vez concluido esta parte el juez analizará las pruebas, testimonios y declaraciones, las cuales se escriben en expedientes que pueden acumular miles de hojas, y luego emitirá su sentencia.
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