Tegucigalpa. Un juez dictó arresto domiciliario y fianzas millonarias a la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, y a otras 15 personas por venta irregular de medicamentos, un caso que ha sacudido al país y llevado a miles de personas a las calles para protestar contra la corrupción en Honduras.Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
El Ministerio Público, que exige que los encausados se defiendan en la cárcel, anunció que apelará la determinación.
Gutiérrez, su padre, dos hermanos y 12 personas más están acusados de cinco delitos relacionados con el uso indebido de documentos públicos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguro Social y a la Secretaría de Salud.
La fiscalía ha señalado que la empresa AstroPharma, de la familia Gutiérrez, vendió al gobierno medicamentos de dudosa calidad y a precios inflados. Ellos han negado los cargos.
La Corte sancionó a Gutiérrez, de 38 años e ingeniera civil de profesión, con una multa de 1 millón de dólares que renovará cada año cuando el juez así lo ordene.
Impuso a Marco Tulio Gutiérrez arresto domiciliario y una fianza de 1,5 millón de dólares, mientras que a Ginnette, hermana embarazada de la congresista, le otorgó permiso para realizar visitas médicas en el país o el extranjero. Sin embargo, pagará fianza de 1 millón de dólares al igual que su hermano menor, Julio César.
El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, es el juez designado a conocer el caso por el máximo tribunal. La resolución la dictó Rivera a la medianoche del viernes tras seis horas de deliberaciones.
“Respetamos, pero no compartimos, la decisión del juez de dejar en libertad a los imputados en este caso penal de corrupción... y la resolución es lesiva a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución”, dijo la fiscalía en un comunicado.
La vicepresidenta es diputada desde 2009 e integrante del gobernante Partido Nacional. Gutiérrez también era vicepresidenta del Congreso cuando el actual presidente Juan Orlando Hernández dirigía la cámara legislativa.
Las autoridades ordenaron el arresto domiciliario de ella y su familia, y de un grupo de sus socios, en momentos en que miles de manifestantes mantienen protestas callejeras contra la corrupción e incluso hacen llamados a la renuncia del presidente.
El sistema de salud pública de Honduras ha estado bajo cuestionamiento y escrutinio después de que se hicieran públicas irregularidades que descapitalizaron al instituto por más de 100 millones de dólares.
Una comisión legislativa divulgó a principios de junio un informe en el que se reveló, entre otras cosas, la compra de medicamentos sobrevalorados y defectuosos.
Además concluyó que un grupo de empresarios crearon unas empresas fachada y efectuaron contribuciones al Partido Nacional manejadas por el actual vicepresidente, Ricardo Alvarez.
El juicio es inusual en Honduras, donde tradicionalmente ha prevalecido la impunidad para los políticos y empresarios que han saqueado al estado.
Fuente: AP
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