Sao Paulo. Sergio Moro pasó en cuestión de años de ser un juez desconocido a protagonista de la mayor investigación contra la corrupción de Brasil. Ahora, un año y medio después de condenar a prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, asume el Ministerio de Justicia del nuevo Gobierno.
Tras haber declarado a un influyente rotativo brasileño que “jamás entraría en política”, Moro (1972) accedió al llamamiento del presidente electo, Jair Bolsonaro, impulsado por su “deseo” de “implementar” una agenda de lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la violencia.
El magistrado, quien se convirtió en el rostro y símbolo de la lucha anticorrupción en Brasil, se alzó a la fama nacional al mandar a la cárcel a diversos empresarios e influyentes políticos, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Con una estrategia inspirada en la operación italiana “Manos Limpias”, que acabó con una compleja red de corrupción política en ese país en los años 1990, el juez federal frenó la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, una tarea por la que se ganó la admiración de unos y las críticas de otros.
Algunos de sus detractores más severos, muchos partidarios del exmandatario encarcelado, insisten en que Lula sufrió una “persecución” por parte de Moro y que, al aceptar la cartera ministerial, el juez evidenció su “pérdida de la imparcialidad”.
Desde el inicio de la Lava Jato, Moro tuvo a Lula en la mira y, a medida en que se conocía la dimensión de la trama corrupta, no dudó en ordenar su detención para conducirlo a declarar ni en divulgar comprometidas conversaciones telefónicas privadas de la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011-2016).
Asimismo, a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado octubre, el juez levantó el secreto judicial de las declaraciones de Antonio Palocci, un influyente ministro en los Gobiernos de Lula y Rousseff, en el marco de un acuerdo de colaboración con las autoridades ampliamente cuestionada por el Partido de los Trabajadores (PT).
Tras el anuncio de que sería el titular de la Justicia, el propio Lula llegó a publicar una carta en la que afirmaba que “si alguien tenía dudas sobre la motivación política” de Sergio Moro, “él las disipó al aceptar ser ministro” de un “Gobierno que ayudó a elegir con su actuación parcial”.
Sin embargo, antes de convertirse en una figura pública nacional, el juez, quien tuvo una breve carrera como abogado hasta abandonarla en 1996, actuó en destacados casos de corrupción y delitos financieros.
Su primer gran caso, el del banco Banestado, terminó en 2003 con un centenar de acusados en la cárcel y, dos años después, colaboró con una magistrada de la Suprema Corte en un caso que golpeó por primera vez la administración de Lula y probó sobornos a legisladores a cambio de apoyo a su Gobierno.
El “juez estrella” de Brasil nació en Maringá, en el sureño estado de Paraná, en una familia de clase media, estudió derecho en su ciudad natal y se especializó en el combate al lavado de dinero en un programa de Harvard.
Años más tarde, se trasladó a Curitiba, la capital regional del estado, y, en 2007, pasó a impartir clases de Derecho Penal en la Universidad Federal de Paraná, las que dejó atrás después de su estreno en el universo de la política.
Moro recibió duras críticas al aceptar entrar en el Gobierno de Bolsonaro, uno de los principales detractores políticos de Lula, y, al ser cuestionado sobre el historial de declaraciones machistas, homófobas y misóginas del ultraderechista, afirmó que “nunca entraría en un Gobierno que adoptase políticas de discriminación”.
Durante los cuatro años de vida de la Lava Jato, el magistrado siempre buscó mantenerse alejado de las intrigas políticas, incluso cuando su nombre entró en las quinielas de posibles candidatos a la Presidencia de Brasil.
Admirador, entre otros, de Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, Moro sostiene que “el primer requisito para que el gobierno tenga éxito es la aplicación de la ley sin vacilación y la eliminación de la corrupción”.
“La exposición y el castigo de la corrupción pública es un honor para una nación, no una desgracia”, resumió en una ocasión. Fuente: EFE
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