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México (Reuters)
Con sus zapatos gastados, unos pesos en la bolsa y a veces el estómago vacío, familiares de 43 estudiantes desaparecidos en el empobrecido estado mexicano de Guerrero salen cada día desde hace semanas con la esperanza encontrar vivos a sus hijos.
Desde la noche del 26 de septiembre, cuando los jóvenes fueron atacados por policías en la ciudad de Iguala y entregados a sicarios después de una protesta en la que habían tomado autobuses para juntar dinero para la escuela rural de magisterio a la que asistían, las vidas de los familiares dieron un giro.
La mayoría de ellos son campesinos que desafían el implacable sol con sombreros de paja para salir a escudriñar el monte con palas en busca de sus seres queridos y a pegar carteles con los rostros de los desaparecidos.
“Cuando regreso a mi casa me da tristeza (...) ver a mis hijos que no les llevo nada (...), sin algo bueno, que ya encontré a su hermano”, dijo Emiliano Navarrete, un delgado campesino y de rostro curtido padre de uno de los jóvenes.
Decenas de policías y sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos fueron arrestados. Confesaron haberse llevado a los estudiantes por órdenes del alcalde de Iguala y su esposa, que temían que la manifestación arruinara un encuentro político. Ambos están prófugos y las autoridades tienen pocas dudas de sus vínculos con el crimen organizado.
No se sabe aún, al menos públicamente, si los muchachos están vivos o muertos. La fiscalía federal dice que necesita tiempo para procesar exámenes de ADN a 38 cuerpos encontrados en fosas en la zona.
Pero la paciencia de las familias empieza a agotarse.
“Hay muertos, hay desaparecidos y la impunidad sigue en los gobiernos estatales, municipales y federales por lo que no cabe duda que también están involucrados con el crimen organizado. No podemos confiar en ellos”, dijo Felipe de la Cruz, padre de otro desaparecido que participó en la reunión con Peña.
Cerca de 50 familiares se reunieron el miércoles por siete horas con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial. Al partir, los familiares dijeron estar insatisfechos y que no confiaban en las autoridades a pesar de las promesas del mandatario de una investigación exhaustiva y más fondos para las precarias escuelas de magisterio rurales.
El caso vino a cimbrar a la administración de Peña Nieto, hasta hace poco elogiado dentro y fuera del país por las reformas económicas que se espera impulsen a la economía.
HISTORIA REPETIDAEsta no fue la primera vez que estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, en las afueras de la capital guerrerense de Chilpancingo, son atacados por fuerzas de seguridad.
Dos estudiantes de la escuela murieron en el 2011 por disparos de policías federales y estatales que les exigían liberar de bloqueos la autopista del Sol, que conecta la Ciudad de México con el centro turístico de Acapulco.
Los estudiantes de Ayotzinapa, que asisten a una escuela adornada con imágenes de revolucionarios como Emiliano Zapata y Ernesto “Che” Guevara, son conocidos por organizar protestas en Guerrero, el estado mexicano más pobre detrás de Chiapas y con el mayor índice de homicidios en el país por las luchas entre los cárteles de la droga, que también secuestran y extorsionan.
Una de las exigencias de los familiares a Peña Nieto fue que busquen a sus hijos vivos y no en fosas o basureros de Iguala y sus alrededores, como lo han estado haciendo.
“No vamos a confiar en la palabra del presidente ni en los compromisos que dio a nivel nacional hasta que no nos presente a nuestros hijos”, dijo Felipe de Jesús Sandoval, otro padre angustiado.
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