Desde que la FIFA eligiera en diciembre del 2010 a Qatar como sede para la Copa del Mundo 2022, más de 6.500 trabajadores involucrados en la construcción de las sedes para el megaevento deportivo han muerto, según reveló un reciente informe del diario británico “The Guardian”.
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La información, obtenida de fuentes gubernamentales, revela que en promedio unos 12 trabajadores fallecen por semana, todos ellos provenientes de cinco países asiáticos: India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. La razón detrás de estas muertes serían las precarias condiciones laborales, las mismas que rozan con la esclavitud, que han sido denunciadas desde el 2015.
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Tras ser elegida como sede para el Mundial 2022, Qatar emprendió un ambicioso programa de infraestructura que contempla la construcción de 7 estadios, un nuevo aeropuerto, caminos, sistemas de transporte, hoteles y hasta una nueva ciudad, detalla “The Guardian”.
Para ello, los qataríes han apelado al empleo de mano de obra extranjera pues resultaría más barata que la local. Los datos recogidos por “The Guardian” revelan que entre el 2011 y el 2020, unos 5.927 trabajadores de India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka fallecieron en Qatar. Además, la embajada pakistaní en ese país ha reportado 824 muertes de sus connacionales que migraron por trabajo a Qatar entre el 2010 y el 2020.
Pese a que los registros de defunción no especifican el lugar de trabajo del fallecido, Nick McGeehan, director del grupo de defensa de los derechos laborales en el Golfo FairSquare Projects, afirma a “The Guardian” que “un porcentaje significativo de los trabajadores migrantes muertos desde el 2011 estaban en el país exclusivamente por la Copa del Mundo”.
La FIFA se pronunció al respecto, asegurando que su institución está comprometida con la protección de los derechos de quienes trabajan en sus proyectos. “Con las muy estrictas medidas de salud y seguridad en el sitio (...) la frecuencia de accidentes en las construcciones de la Copa Mundial de la FIFA han sido bajas en comparación con otros proyectos de construcción importantes en todo el mundo”, aseguró el vocero que, según “The Guardian”, no aportó evidencia que sustente esta última afirmación.
ABUSO SISTEMÁTICO
Una investigación realizada en el 2020 por la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional detectó hasta ocho formas diferentes de explotación laboral sufrida en las obras de remodelación del estadio Jalifa (2014 - 2017) y la construcción de la denominada “Aspire Zone”, en referencia a las instalaciones deportivas y zonas verdes circundantes al recinto, según especifica la ONG.
Entre los abusos más recurrentes se encuentran un elevado pago a los contratistas para poder trabajar en las obras. Según Amnistía Internacional, los trabajadores migrantes debían pagar entre 500 a 4.300 dólares a los contratistas en sus países de origen para acceder a los empleos en Qatar. Esto, sumado al empobrecido contexto en el que viven en sus países, ha llevado a que se endeuden y no puedan abandonar el trabajo.
Una vez en Qatar, los trabajadores viven en condiciones de hacinamiento, llegando a compartir una habitación entre 8 o más personas, según la ONG.
Los sueldos son otra promesa engañosa, pues se han reportado casos en los que los trabajadores reciben mucho menos de lo prometido sin opción a reclamo. La investigación da cuenta sobre un caso en el que un trabajador nepalí viajó con la promesa de recibir un sueldo de 300 dólares y resultó cobrando 190 dólares mensuales.
“El gerente solo dijo: ‘Me da igual lo que te hayan dicho en Bangladesh. Cobrarás este sueldo y nada más. Si sigues protestando les diré que cancelen tu visado y que te manden de vuelta a casa”, narró Mushfiqur, otra víctima, a Amnistía Internacional.
Esto sucede, claro está, en las ocasiones en que se cumplía con los pagos, pues otros testimonios dan cuenta sobre empresas que no pagaron durante meses a los trabajadores.
En estos casos resaltan los nombres de las empresas Hamton International, Hamad bin Khaled bin Hamad (HKH) y United Cleaning. Amnistía Internacional siguió de cerca durante meses el proceso iniciado por 2 mil empleados que no recibieron salario durante meses antes de que dichas empresas cerraran alegando dificultades económicas.
Algunas denuncias también aseguraban que los empleadores confiscaban los pasaportes de los trabajadores apenas llegaban, por lo que la única forma de salir del país era con un “permiso de salida” autorizado por su empresa, algo que la mayoría de veces es rechazado por los contratistas.
A dicho modelo, en el que el empleador controla la visa del trabajador, se le conoce como kafala.
Ante estas situaciones, una de las primeras respuestas es negarse a realizar el trabajo, pero en esos casos los empleados han sido amenazados con ser entregados a la policía para ser expulsados del país sin derecho a cobrar por los meses trabajados. Otros testimonios aseguran que, por el contrario, los han amenazado con no abandonar nunca dicho infierno.
“Fui a la oficina de la empresa, le dije al gerente que quería irme a mi casa [en mi país] porque siempre recibía la paga con retraso. Me dijo a gritos: ‘Sigue trabajando o no te irás nunca”, narró un migrante a Amnistía Internacional.
Esta investigación de Amnistía Internacional se produjo tres años después de un primer informe que emitieron sobre el tema, el mismo en el que denunciaron que un millón y medio de migrantes vivían al borde de la esclavitud.
REFORMAS DE CARTÓN
El revuelo internacional causado en ambos casos llevó a que las autoridades qataríes se pronuncien, primero negando la situación, pero posteriormente comprometiéndose con la Organización Internacional del Trabajo y anunciando reformas que, tal como dan cuenta los informes, han sido insuficientes.
En marzo del 2018, por ejemplo, Qatar lanzó los Comités para la Resolución de Conflictos Laborales con los que planeaban atender a este tipo de casos. Solo durante ese año, los comités recibieron más de 6 mil denuncias, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Dichos órganos deberían dictar una sentencia seis semanas después de recibir los casos. Sin embargo, Amnistía determinó en el 2019 que los procesos duraban de 3 a 8 meses, la mayoría no eran resueltos causando que los trabajadores regresen a sus países sin nada y otras empresas no cumplieran con las indemnizaciones pese a que estas habían sido ordenadas por un comité.
De acuerdo a un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado en agosto del 2020, la pandemia de COVID-19 aumentó los casos de abusos salariales hacia los migrantes llevando a que las empresas nieguen los sueldos y repatrien a la fuerza a los trabajadores.
HRW también detalló que tanto el Sistema de Protección Salarial (WPS) lanzado en el 2015 como el Fondo de Seguro y Apoyo a los Trabajadores creado en el 2018, han seguido el mismo camino que los Comités para la Resolución de Conflictos Laborales.
Los empleadores han conseguido evadir el WPS confiscando las tarjetas bancarias de los trabajadores, lo que permite engañar al sistema encargado de monitorear que hayan recibido el depósito; mientras que el Fondo apenas comenzó a funcionar desde inicios del 2020, dos años después de lo anunciado.
LA FIFA SE LAVA LAS MANOS
Uno de los principales actores llamados para actuar ante esta situación de esclavitud ha sido el organismo encargado de velar por el fútbol internacional: la FIFA. Desde el inicio, sin embargo, el máximo ente del balompié solo se ha limitado a pedir que la situación cambie.
“Desde que otorgó la Copa del Mundo del 2022 a Qatar hace casi diez años, la FIFA no ha tomado sus propias acciones claras y concretas para prevenir los abusos de los derechos humanos de los trabajadores en proyectos relacionados con la Copa del Mundo”, denunció Amnistía Internacional en el 2020.
“Está utilizando los sistemas del Comité Supremo (órgano mediante el cual la FIFA y el Gobierno de Qatar organizan el Mundial) como excusa para su propia inacción, simplemente hablando de la boca para afuera para pedir remediar las violaciones de derechos humanos y permitir que continúen con impunidad”, agrega la organización.
HRW, por su parte, también envió los resultados de su informe a diferentes organismos relacionados al Mundial, entre ellos a los ministerios de Trabajo y del Interior qatarí, y a la FIFA. Este último ente respondió “animando” a que esto se solucione.
“La FIFA anima encarecidamente a los trabajadores y las ONG que deseen plantear sus preocupaciones con respecto a las sedes de la Copa Mundial de la FIFA a través de la línea directa de Bienestar de los Trabajadores del Comité Supremo. Esto permitirá a los equipos en el terreno verificar dicha información y tomar las medidas adecuadas cuando sea pertinente, como siempre en el mejor interés de los respectivos trabajadores”, dice parte del comunicado del ente futbolístico.
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