“¿Qué es un régimen híbrido?”, por Farid Kahhat

Desde el 2006, la Unidad de Inteligencia de la revista “The Economist” publica anualmente su Índice de Democracia. Este clasifica los regímenes políticos de 167 países en cuatro categorías: democracia plena, democracia deficiente, régimen híbrido y régimen autoritario.

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Desde el 2006 el régimen político peruano siempre había sido calificado como una democracia deficiente, hasta que en el 2022 fue clasificado, por primera vez, como un régimen híbrido (es decir, a medio camino entre la democracia y el autoritarismo). Ello dio origen a un debate sobre las causas de nuestra degradación. Por ejemplo, Juan Carlos Tafur señaló que, “cuando se lee correctamente el informe que otorga esa calificación, uno se percata de que ello es principal responsabilidad de los estropicios cometidos por Pedro Castillo […], antes que del gobierno actual”.

Prueba de que no se ha leído ni correcta ni incorrectamente el informe es que el Perú es el único país de América Latina y el Caribe respecto al cual este ofrece un recuadro explicativo, el cual no se suele citar. En ese recuadro, se enumeran las causas de nuestra clasificación: se menciona el golpe de Estado de Castillo, pero también las 20 muertes durante las protestas en los días posteriores al mismo (así como la declaratoria de un estado de emergencia), como preámbulo a la conclusión: “Debido a estos eventos, el puntaje general del Perú en el 2022 declinó y ahora el país es clasificado como un régimen híbrido”.

Indica luego que la caída en nuestro puntaje “también refleja la creciente inestabilidad política que llevó a que el país fuese gobernado por seis presidentes y tres Congresos desde el 2016″. Y añade tanto el deterioro de la capacidad estatal durante el gobierno de Castillo como la variable en la que peor puntaje obtenemos (3,13 sobre 10): nuestra cultura política (que combinaría una “extrema polarización” y una “alta tolerancia” frente a un eventual gobierno militar). Pese a su generosa contribución a empeorarlos, los problemas del Perú no comenzaron con Pedro Castillo.

Me atrevería a decir que, si las cosas siguen el curso de los últimos meses, nuestra calificación el año que viene podría seguir bajando. Por ejemplo, la única variable en la que el Perú obtuvo un puntaje alto en el 2022 (8,75 sobre 10) es “proceso electoral y pluralismo”. Una prueba más de que ningún actor internacional creyó en la existencia de un fraude en las elecciones del 2021: ni las misiones de observación electoral ni los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido ni la Unidad de Inteligencia de la revista “The Economist” (un medio liberal dirigido en lo esencial a un público del mundo de los negocios).

Diría lo mismo respecto a la variable “libertades civiles”. Una de las preguntas que se formula para intentar cuantificar esa variable es la siguiente: “Existe libertad de expresión y protesta (con las excepciones generalmente aceptadas, como prohibir la incitación a la violencia)”. El delito de “apología del terrorismo” podría caer dentro de esa categoría, pero también hay indicios de su empleo discrecional para restringir derechos civiles. En el pasado, están ejemplos como los de la obra teatral “La Cautiva” o el de las tablas de Sarhua. Hoy el Ministerio del Interior crea una línea abierta para denuncias anónimas por apología del terrorismo, en un contexto en el cual la Dirección contra el Terrorismo de la Policía (Dircote) literalmente ve terroristas en todas partes. Mencionamos antes a un exjefe de la Dircote que culpó al MRTA (una organización terrorista que dejó de existir en el siglo XX) de estar involucrado en las protestas. Su sucesor en el cargo sostiene que “Sendero Luminoso está presente en todo el país”, pero cuando lo fueron a buscar en San Marcos no pudieron presentar cargos por terrorismo contra ninguno de los 193 detenidos.