Myanmar: condenan a muerte a siete estudiantes, según la ONU

Un tribunal militar de Myanmar ha condenado a muerte a once disidentes contrarios a la junta militar, incluidos siete estudiantes universitarios, informaron este jueves los medios locales y fuentes estudiantiles.

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Las sentencias, impuestas el 30 de noviembre en la prisión de Insein de Rangún, se producen después de que el pasado julio las autoridades militares ejecutaran a cuatro activistas, la primera aplicación de la pena capital en el país desde 1988.

Siete estudiantes de la Universidad de Dagon en Rangún, detenidos el pasado 21 de abril, fueron condenados a muerte bajo la acusación de asesinato, según informó el Sindicato de Estudiantes de la universidad en sus redes sociales.

Están acusados de haber matado al gerente de un banco birmano el pasado 18 de abril.

Según el medio birmano Khit Khit, otros cuatro jóvenes fueron sentenciados también el miércoles a la pena capital acusados de estar envueltos en el asesinato de un funcionario.

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La Unión Europea, la ONU y Estados Unidos, entre otros, condenaron duramente a la junta birmana por las ejecuciones en julio del antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeyar Thaw, el escritor y veterano activista Ko Jimmy, además de otros dos activistas Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw.

Desde que los militares tomaron el poder con un golpe de Estado en 2021, un total de 128 personas han sido condenadas a muerte, según datos de la oenegé birmana Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos (AAPP, según sus siglas en inglés).

El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.

Más de 2.500 personas han muerto desde el golpe de Estado por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.000 han sido detenidas, según datos de la AAPP.