Miles de birmanos salieron este miércoles a las calles de Rangún de nuevo para protestar contra la junta militar de Myanmar pese al temor de la ONU de que escale la violencia, constataron periodistas de la AFP.
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Los manifestantes se dirigían hacia el centro de la ciudad, respondiendo al llamado de protestar masivamente el miércoles para pedir a la junta militar que devuelva el poder a las fuerzas democráticas y la liberación de Aung San Suu Kyi.
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“Hoy, tenemos que luchar hasta el final, mostrar nuestra unidad y nuestra fuerza para poner fin al régimen militar. La gente debe salir a la calle”, declaró a la AFP un estudiante.
Para tratar de impedir el paso de las fuerzas de seguridad, los manifestantes bloquearon varias carreteras con vehículos, con la excusa de que estaban averiados.
Por el momento no había una presencia significativa de militares ni vehículos blindados en las calles, según periodistas de la AFP.
Pero el relator de Naciones Unidas Tom Andrews dijo temer un recrudecimiento de la violencia después de haber recibido informaciones sobre el envío de tropas “desde las regiones periféricas a Rangún”.
“Aterrado”
“En el pasado, estos movimientos de tropas precedían a las matanzas, desapariciones y detenciones masivas”, alertó Andrews, que dijo estar “aterrado”.
Prohibición de congregarse, cortes de internet, detenciones nocturnas, refuerzo del arsenal legislativo: los militares no han parado de endurecer el tono tras su golpe de Estado del 1 de febrero que puso fin a una frágil transición democrática de 10 años.
El miedo a las represalias está en la mente de todos en el país donde los últimos levantamientos populares de 1988 y de 2007 fueron reprimidos sangrientamente por los militares. El número de manifestantes descendió en los últimos días.
Algunos manifestantes provocaron fuertes tensiones. Las fuerzas del orden dispararon gases lacrimógenos, balas de goma o incluso piedras con hondas, dejando varios heridos.
Una joven de 20 años que recibió la semana un disparo en la cabeza -probablemente con balas reales - está en estado de muerte cerebral.
Un policía murió el martes debido a las heridas que sufrió durante una manifestación en Mandalay (centro), informó la junta que calificó estas protestas de “violentas” y esgrimió repetidamente las amenazas de “sanciones”.
Pese a ello, los llamados a la desobediencia civil prosiguen: médicos, profesores, controladores aéreos, trabajadores ferroviarios están en huelga contra el golpe. Los huelguistas son particularmente blanco de las detenciones.
Centenares de detenciones
Más de 450 personas han sido detenidas desde el golpe, según una lista de detenciones confirmadas por una ONG de asistencia a los presos políticos. De ellas, 417 siguen bajo arresto. Otros informes no confirmados aseguran que se han producido más detenciones.
Los militares justificaron el golpe por el supuesto fraude masivo en las elecciones de noviembre en las que venció por aplastante mayoría el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Tras su detención el 1 de febrero, Suu Kyi, de 75 años, fue acusada bajo una oscura ley comercial por la importación de walkie talkies que fueron encontrados en su casa.
El martes fue inculpada por violar la ley sobre la gestión de catástrofes naturales, según su abogado Khin Maung Zaw, que todavía no ha podido contactarla.
Aunque no está claro cómo se puede aplicar dicha ley a Suu Kyi, la misma fue usada contra el depuesto presidente Win Myint, también detenido el 1 de febrero, en el marco de un acto electoral que, según la junta, violó las restricciones impuestas contra el coronavirus.
Las conexiones de internet quedaron prácticamente cortadas en la noche del martes al miércoles antes de ser restauradas en la mañana.
La junta también ha reforzado el arsenal represivo: los allanamientos sin mandato y las detenciones por un corto periodo si la luz verde de un juez están autorizadas. Asimismo preparan una ley sobre ciberseguridad muy restrictiva.
Los generales hacen oídos sordos a las condenas internacionales y las sanciones anunciadas por Washington.
Cuentan con dos apoyos importantes en la ONU, como son China y Rusia, para la que la crisis actual constituye “un asunto interno” birmano.
“No hemos sido informados con antelación del cambio político” que se produjo en Birmania, aseguró el martes Chen Hai, embajador de China en Birmania. La víspera, hubo manifestaciones ante la representación diplomática china, que acusaban a Pekín de apoyar a los militares.
La situación actual no “es en absoluto lo que China quiere ver”, dijo el embajador cuyo país tiene importantes proyectos e inversiones en Birmania.
Washington instó de nuevo a liberar a todos los detenidos y a “restablecer el gobierno democráticamente elegido”.
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