Fue necesaria una pequeña chispa para que las protestas por el incremento del precio del gas se convirtieran en revueltas. Hoy el caos reina dentro del estado autoritario de Kazajistán, una antigua república de la Unión Soviética en la que se sospecha que son muchos más de 18 los muertos, que son los oficialmente reconocidos.
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Para la BBC se trata del país “más influyente de Asia Central, responsable del 60% del PBI de la región” gracias a la abundancia de gas y petróleo. De allí que se entienda que los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) –liderado por Rusia- hayan enviado rápidamente una “fuerza colectiva de mantenimiento de la paz”.
La agencia AFP escribe que la presencia de esta fuerza armada en el país se ha dado a pedido del gobierno de Kazajistán.
“El contingente, formado por tropas rusas, bielorrusas, armenias, tayikas y kirguisas, tendrá la misión de ‘proteger las instalaciones estatales y militares’ y ‘ayudar a las fuerzas del orden kazajas a estabilizar la situación y restablecer el estado de derecho’”.
¿En qué momento las protestas por el gas se salieron de control? Aun cuando el presidente kazajo Kassym Jomart Tokayev dio su mano a torcer e hizo concesiones a los manifestantes (“sobre el precio del gas”, con “la dimisión del gobierno” y la “introducción del estado de emergencia y el toque de queda”), era muy tarde.
Al respecto, El Comercio charló con Alexandra Sitenko, analista internacional kazaja que reside en Berlín, quien dio detalles de esta situación. Ella anota que las “protestas se iniciaron el 2 de enero” en el oeste del país en respuesta a la duplicación del precio del petróleo (de 60 a 120 el litro), un detalle no menor.
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“Hay que tener en cuenta que en esa parte del país se encuentra toda la industria petrolera. La gente estaba indignada porque en una nación rica en recursos, y más aún en una región productora de petróleo, el gobierno lo permitiera”.
“Pero, por supuesto, hay otras razones de larga data”.
Según Sitenko, la gran desigualdad social y la poca seguridad social (“que se hizo más visible durante la pandemia del coronavirus”) se sumaron a la evidente corrupción.
De ahí que las demandas políticas también encontraran eco y la figura de Nursultán Nazarbáyev cobrara mayor protagonismo.
Nazarbáyev se convirtió en primer ministro del país en 1984, cuando Kazajistán todavía era una “república de la Unión Soviética”. Luego, en unas elecciones “sin oposición”, fue elegido presidente.
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La BBC recuerda que su gobierno estuvo marcado por “elementos de culto a la personalidad, con estatuas erigidas en todo el país y la nueva capital rebautizada con su nombre”.
En el 2019, tras varias protestas, renunció y “designó a dedo” a su sucesor, el actual presidente Kassym Jomart Tokayev.
Fue entonces que la capital Astaná se rebautizó como Nursultán, una forma de recordar que a quien ostentó “el poder durante tres décadas”
Sitenko señala que muchas de las demandas de los manifestantes ya fueron satisfechas, pero que aun así los disturbios continúan.
Y, según parece, la situación seguirá escalando.
Al cierre de nota, “decenas de manifestantes murieron a manos de la policía y más de mil resultaron heridos”, mientras que “18 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y 748 resultaron heridos”. Las cifras, sin embargo, seguirán aumentando con el trascurrir de las horas.
La agencia EFE viene reportando explosiones en la ciudad de Almaty y que, tal como lo cuenta un testigo, “la policía amenaza con comenzar a disparar”.
El papel del bitcoin
Según Business Insider, enero no ha sido un buen mes para el bitcoin. Tan solo este miércoles 5, “por primera vez en más de 3 meses”, el precio “cayó por debajo de los 44.000 dólares”.
Esto se produce “en el contexto de los conflictos que están surgiendo en Kazajistán, país que concentra 18% de la potencia informática” de la criptomoneda.
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Según el portal Investing.com, el gobierno kazajo vendría restringiendo el acceso a internet, lo que sería un golpe para los que se dedican a este negocio.
Pero las protestas actuales no son lo único que afecta al mercado kazajo, que ya se ubica en “la segunda posición de la minería mundial, solo por detrás de Estados Unidos”.
Habría que recordar que, en noviembre del año pasado, el gobierno sostuvo que hubo escasez de electricidad debido a este negocio.
Vale recordar que para conectarse a la red de criptomonedas se necesita una computadora de gran capacidad, lo que, a gran escala, significa la presencia de granjas que trabajan todo el día, sinónimo de un consumo muy elevado de energía.
Al respecto, RRP escribió: “Según reporta el Financial Times, las minas de criptomonedas están provocando sobrecargas en plantas de energías centrales, los cuales suministran electricidad a ciudades completas”.
En respuesta, se espera que este año se empiece a cobrar un impuesto especial a quienes se dediquen a este negocio que le resta energía a la gran mayoría de kazajos.
Un país en llamas
“Junto a los manifestantes pacíficos surgieron grupos que aprovecharon la situación para saquear y provocar disturbios”, comenta la especialista Alexandra Sitenko sobre la situación actual en su país.
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“Se incendiaron edificios, se saquearon tiendas y hospitales, incluso el aeropuerto. El gobierno ha respondido a estos brotes de violencia con violencia. Y también, claro, porque quiere acabar con las protestas lo antes posible”.
Sitenko no está segura de hacia dónde se dirigen estas manifestaciones, pero cree que lo mejor sería “poner fin a la violencia” y tomar “medidas constructivas”.
Pero ese no parece ser el camino, tanto por la respuesta del gobierno y la invitación a fuerzas armadas extranjeras para reinstaurar la paz, como por el deseo de los manifestantes.
La BBC lo explica: “Habiendo aprendido la lección del 2019 con la renuncia de Nazrabayev, [los ciudadanos] se dan cuenta de que el cambio en el gobierno no siempre trae los resultados deseados”.
“Ahora la pregunta que se hacen en las calles y plazas de innumerables ciudades y pueblos del país es: ‘¿Qué han hecho las autoridades por nosotros en los últimos 30 años?’”.
Serían cinco las demandas de los manifestantes: un cambio real en el gobierno; la celebración de elecciones directas (y que los jefes de región ya no sean nombrados por el presidente); el establecimiento de un límite a los poderes del presidente (lo que significaría volver a la Constitución de 1993); el término de la persecución a los activistas; y la posibilidad de que personas “ajenas al régimen actual” puedan ocupar “puestos de poder”.
Por el momento, parece que el gobierno optará solo por reprimir las protestas.
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