“El Salvador no se debe a nadie ni responde a poderes”. La frase del presidente Nayib Bukele es problemática porque da luces del tinte autoritario del mandatario.
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No es una exageración. Bukele hace rato que empezó a hacerse con todos los poderes del Estado y, en paralelo, empezó la persecución contra los medios de comunicación opositores.
Y lo ha hecho convenciendo a más de uno -ahí está la infame entrevista de Luisito Comunica o a la mala-. Por ejemplo, la agencia AFP recuerda que el Ministerio de Hacienda empezó una investigación al portal digital El Faro.
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En setiembre del año pasado, Bukele sostuvo que investigaban al medio por lavado de dinero. Él dijo:
“Algunos periodistas dicen que este gobierno ataca a la prensa; nosotros estamos comprometidos con la libertad de expresión, pero algunos pasan publicando una sarta de mentiras y lo que nosotros hacemos es desmentirlos. Eso no es violar la libertad”.
Al respecto, AFP escribió:
“La presión sobre El Faro coincidió con la publicación de un reportaje sobre un supuesto pacto entre el gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) para reducir los homicidios en el país a cambio de beneficios a los pandilleros encarcelados”.
En respuesta, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció las amenazas, intimidaciones, así como las “campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y opositores críticos al gobierno”.
La Deutsche Welle recuerda que Bukele también señaló a otros medios “de mentir y atacar” a su gobierno. Entre ellos figuraban El Mundo, La Prensa Gráfica, Factum y Gato Encerrado.
Finalmente, en julio de este año, Bukele se encargó que las autoridades de su gobierno expulsaran del país a Daniel Lizárraga, periodista mexicano que editaba en El Faro, aprovechando que se vencía su visa de trabajo.
El portal Factum también sufrió represalias.
“El País” anota que “un juzgado censuró a Factum en junio y le ordenó borrar un reportaje que comprobaba que el presidente Bukele mentía en el caso del ‘asesino de Chalchuapa’”.
“Bukele sostuvo que los cadáveres fueron enterrados hace décadas, pero según las indagaciones de Factum, trece de los quince cadáveres extraídos en Chalchuapa fueron sepultados entre 2020 y 2021, durante la administración de Bukele”, escribe el medio español.
“Expansión” cita cifras de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES): en el 2020, “la cifra de periodistas que sufrieron agresiones duplicó la cifra de 2018″, lo que incluye también acoso digital.
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DE LA NEGACIÓN AL CAMBIO DE CONSTITUCIÓN
En ese contexto es que las palabras del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, han sonado extrañas. En una entrevista con la Deutsche Welle, a partir de su reunión con Josep Borrel, alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, él dijo:
“La idea es dar la narrativa que corresponde a la realidad de El Salvador. Todos los hechos [que presentó el medio] son medias verdades, algunas son leyendas urbanas”.
Y dentro de esa supuesta ficción, estaría la falta de libertad de prensa.
“No hay un periodista preso. No hay un medio censurado. No hay ninguna disposición que atente contra la libertad de expresión. Es entendible que la SIP, que es un gremio donde están los propietarios de los grandes medios de comunicación [...] Estén molestos”.
Pero, además de la polémica, valdría preguntarse: ¿quién es Félix Ulloa?
Según la página de Transparencia de El Salvador, Ulloa (1951) es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, así como en Derecho por la U. Complutense de Madrid.
Además, tiene un posgrado en Banca y Finanzas por la U. Tecnológica de El Salvador.
También fue magistrado del Primer Tribunal Supremo Electoral, y es autor del artículo académico “El dinero y la democracia”.
Ulloa es también el encargado de revisar la reforma constitucional del país. Su anteproyecto, “propone 216 modificaciones a los 274 artículos” de la Carta Magna.
La agencia EFE dice que, “entre las reformas que se proponen se encuentra la inclusión del referéndum, plebiscito y la revocatoria de mandato, además de ampliar el periodo presidencial a 6 años, cuando actualmente es de 5 años”.
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