El Salvador suma 25 ampliaciones del régimen de excepción tras aprobación del Congreso

El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, amplió el martes por vigésimo quinta ocasión un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales para combatir a las pandillas.

Con 67 votos del partido oficial Nuevas Ideas (NI) y de sus aliados, el Congreso dio luz verde a la ampliación por un plazo de 30 días más, sin discusión previa.

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La iniciativa enviada por el Consejo de Ministros del Gobierno señala que la medida ha dejado al menos 79.211 detenciones de personas acusadas por las autoridades de ser pandilleros o colaboradores de las llamadas ‘maras’.

“Es necesario prolongar dicho régimen de excepción, en lo referente a las medidas extraordinarias, vinculadas a la limitación de derechos”, dado que “aún permanecen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad”.

A pesar de que el Gobierno ha manifestado tener el control del territorio, el documento dice que “persiste la amenaza de actuación criminal” de estas bandas.

Las garantías constitucionales suspendidas son la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y además se prolonga la detención provisional hasta por 15 días, cuando normalmente es de tres.

Un centenar de familiares de personas detenidas se manifestaron en San Salvador para pedir que se suspendan las detenciones arbitrarias, defender la inocencia de sus parientes y denunciar atropellos.

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En el marco de este régimen, las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.

Las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 200, mientras que entes como Amnistía Internacional advierten que la violencia de las pandillas se ha visto sustituida por la estatal en las comunidades empobrecidas.

Dicho régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas, que según investigaciones del medio local El Faro, se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.