Un segundo grupo de 2.000 supuestos pandilleros presos fue trasladado este miércoles bajo fuertes medidas de seguridad a la cárcel “más grande de América”, informó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pocas semanas de que su “guerra” contra esas bandas cumpla un año.
“En un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Con esto, ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”, escribió Bukele en Twitter.
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La megacárcel, con capacidad para 40.000 presos, tiene un severo régimen de reclusión que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos.
Entre los presos trasladados al CECOT este miércoles, según un comunicado de la presidencia, figura un “ranflero” histórico (dirigente fundador), 57 ranfleros nacionales, 33 mandos de diferente categoría, 43 “gatilleros” y 1.866 “homeboys”.
El mandatario divulgó imágenes del traslado, que se inició en la madrugada, desde el penal de Izalco hasta la megacárcel ubicada en un área rural de Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador.
El ministro de la Defensa, René Francis Merino, informó que 1.200 militares brindaron seguridad en tierra durante el traslado, que fue seguido desde el aire por tres helicópteros de la Fuerza Aérea.
Los primeros 2.000 pandilleros habían sido llevados al CECOT el 24 de febrero.
Provista de alta tecnología para la vigilancia, la gigantesca cárcel fue inaugurada a principios de febrero por el propio Bukele.
En el video que el mandatario compartió en Twitter se observa a muchos presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco.
El presidio fue construido para recluir a parte de los 65.000 supuestos pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022.
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La operación de este miércoles coincidió con una nueva solicitud del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, para que el Congreso extienda el régimen de excepción por 30 días, totalizando un año de vigencia de esa medida que permite detenciones sin orden judicial.
Los pandilleros “no van a regresar nunca a las comunidades, a las colonias, a los barrios y a nuestras ciudades”, declaró Villatoro al momento de pedir la prórroga del régimen de excepción.
Para construir la megacárcel el gobierno compró 166 hectáreas de terreno, 23 de las cuales albergan ocho pabellones dentro de un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.
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