Luego de más de 10 horas de idas y vueltas provocadas por los miembros del saliente Congreso, durante la madrugada de este lunes 15 Bernardo Arévalo de León finalmente pudo jurar como nuevo presidente de Guatemala.
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Este académico de 65 años fue la gran sorpresa en los comicios del 2023 cuando junto a su partido, el Movimiento Semilla nacido en medio de las manifestaciones anticorrupción que tuvieron lugar el 2015 en el país, se impuso a la poderosa alianza leal al mandatario saliente Alejandro Giammattei.
El camino desde entonces ha sido sumamente espinoso, primero con una persecución judicial sobre Arévalo y su partido, seguido de sucias tretas como la que le jugaron los legisladores salientes el domingo 14.
El Comercio conversó con Edgar Ortiz, abogado constitucionalista y analista político guatemalteco, quien además formó parte del grupo legal que presentó una demanda ante la Corte de Constitucionalidad gracias a la cual Arévalo pudo jurar el cargo.
—¿Por qué el mandato de Arévalo venía peligrando desde antes incluso de haber sido electo?
Hay que recordar que Guatemala estuvo gobernada por una coalición encabezada por Alejandro Giammattei. Ellos nos condujeron a uno de los retrocesos más grandes de las últimas décadas en Guatemala. Nuestro país se caracteriza por tener a muchos periodistas en el exilio, al igual que procuradores anticorrupción que tuvieron que huir y otros incluso están en la cárcel. Durante los años de Giammattei el retroceso democrático fue muy grande. Para las elecciones del 2023, dicha coalición pensó que podía manipular los comicios descalificando a sus rivales de oposición. Así descalificaron a dos rivales directos. Pero de manera inesperada Bernardo Arévalo ganó la elección. Al ganar sorpresivamente, el sistema entró en crisis. Ante eso, utilizaron su arma más poderosa: la Fiscalía General. Cuando se conoce que Arévalo iba a segunda vuelta se empieza a usar la justicia penal intentando que no participase de la segunda vuelta, eso fracasó; así que idearon otro para que no tomara posesión.
"Nuestro país se caracteriza por tener a muchos periodistas en el exilio, al igual que procuradores anticorrupción que tuvieron que huir y otros incluso están en la cárcel"
—¿Cómo lo hicieron?
Acusaron a su partido, el Movimiento Semilla, el cual existe desde hace seis años, de irregularidades en su conformación. Intentaron aplicar la ley del crimen organizado sobre el partido. Y se generaron dudas muy grandes sobre si el partido podría asumir hoy. Por ello, junto a un grupo de abogados acudí a la Corte de Constitucionalidad en busca de protección a nuestros derechos políticos. El 14 de diciembre, la Corte dictó un fallo en el que obliga al Congreso a darle posesión a Bernardo Arévalo.
Luego de los retrasos registrados el domingo, Ortiz y el grupo legal que lo acompañó para conseguir el fallo de diciembre del 2023 presentaron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad buscando que se ejecutara el amparo dictado hace un mes. “Le pedimos a la Corte que conminase al Congreso a cumplir con su mandato, que diera posesión a los diputados electos, que la Comisión de Credenciales deje de dar excusas que están fuera de sus límites para rehusarse a darle posesión a diputados que ya fueron electos y tienen su credencial, y se garantice que no pase ni un día más sin que haya relevo en el Ejecutivo. Esperemos que la Corte acoja esta petición y le fije un plazo fatal, de horas, al Congreso para hacer su trabajo”, explicó el abogado mediante sus redes sociales.
—Arévalo llega al cargo con la bandera de la lucha anticorrupción, ¿qué futuro le ve al nuevo gobierno?
En efecto, en gran parte eso es lo que los lleva a la victoria. Hay una expectativa muy alta de que vayan a hacer grandes cambios. Pero hay una paradoja. El partido está lleno de jóvenes figuras en ascenso, muy activos contra la corrupción; pero Arévalo es un tipo muy conciliador, con virtudes de negociación. Él es un experto en la construcción de la paz. Entonces, habrá que ver su capacidad negociadora para gobernar, porque no puede enfrentar directamente al crimen organizado, el narcotráfico y toda la estructura corrupta que controla al Estado sin el apoyo del Congreso. El Movimiento Semilla tiene apenas 23 diputados de 160, tendrán que ser muy estratégicos y conciliadores para gobernar, en primer lugar, y para conseguir algunos cambios.
—¿En qué posición queda Giammattei tras su salida?
Es uno de los mandatarios más impopulares de América Latina, según Gallup. Comparado con sus pares es muy impopular y con sobrada razón. Su gobierno fue señalado fuertemente de corrupción, le abrieron las puertas a toda la agenda procorrupción y de represión. Si me pregunta mi opinión, se va un gobierno que en términos institucionales destruyó la poca institucionalidad que quedaba en Guatemala.
—Su predecesor, Jimmy Morales, enfrenta investigaciones judiciales. ¿A Giammattei le esperan procesos similares?
Hubo solo una investigación que más o menos sonó en algún momento pero no llegó a nada porque Giammattei reeligió a la actual Fiscal General. Luego de eso, la Fiscalía destituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval, hoy en el exilio en Washington, y uno de los motivos que siempre se barajó fue que él tenía a cargo la investigación sobre una empresa rusa que operaba en Guatemala. Desconocemos si habrá una investigación formal contra Giammattei, pero la sombra de la corrupción siempre lo perseguirá.
—¿Con Arévalo en el poder se puede pensar en el regreso de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, órgano enviado por la ONU para apoyar en la lucha anticorrupción)?
Yo creo que no va a volver. Y también creo que no debería volver. Una lección que nos dejó la CICIG es que la corrupción no se combate por la vía judicial. En América Latina tenemos muchas experiencias. El Brasil post LavaJato tampoco resolvió el problema de corrupción, no hubo una agenda de reconstrucción. Lo que sí le tocará al presidente Arévalo es pensar en un modelo alternativo de combate a la corrupción. Una ruta diferente.
—¿Qué otros retos nacionales enfrentará el gobierno de Bernardo Arévalo?
La corrupción es el gran telón de fondo, pero hay muchos desafíos que están en la mesa. Yo diría que, por ejemplo, rescatar la institucionalidad es el reto más grande. El retroceso democrático ha sido tan grande que el simple hecho de conseguir reconstruir ese tejido institucional es un desafío muy grande. Luego, existen otros retos en materia educativa y de sanidad, son las dos grandes deudas sociales y los elementos que permitirían a Guatemala crecer económicamente. En tercer lugar, la infraestructura. Somos un país con una infraestructura muy atrasada.
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