Consuelo Porras, la polémica fiscal general de Guatemala a la que Bernardo Arévalo acusa de orquestar un “golpe de Estado”

En las protestas ciudadanas que desde hace casi tres meses tomaron las calles y las redes sociales de Guatemala resuena un lema sobre el resto: “¡Adiós, Consuelo!”.

Estas movilizaciones persiguen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien está al frente de un Ministerio Público que hace años fue todo un referente en América Latina por su lucha contra la corrupción.

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Hoy, sin embargo, la actuación de Porras está plagada de señalamientos por supuestamente bloquear investigaciones judiciales, criminalizar a jueces y fiscales, proteger a políticos corruptos y coludir con el presidente del país, Alejandro Giammattei, algo que ella niega tajantemente y asegura que se trata de campañas mediáticas con sesgo político en su contra.

Pero aunque la polémica planea sobre su mandato desde hace años y le llevó a ser incluida por Estados Unidos en una lista de actores corruptos y antidemocráticos, es desde las recientes elecciones presidenciales que la figura de Porras está más cuestionada que nunca.

El motivo son las numerosas acciones promovidas por su Fiscalía para suspender al Movimiento Semilla, la formación que de manera inesperada venció en los comicios presidenciales del pasado 20 de agosto con un claro mensaje anticorrupción y alejado de las élites tradicionales y fórmulas políticas más conservadoras.

El motivo, según el Ministerio Público, son supuestas irregularidades en la constitución del partido del presidente electo, Bernardo Arévalo, quien pese a su victoria en las urnas aún teme que los jueces puedan intentar oponerse a que asuma el poder en enero.

Es por ello que el pasado 14 de septiembre, rodeado por miles de seguidores y gritos de “¡Renuncia, Consuelo!”, presentó un amparo ante la justicia pidiendo la destitución de Porras, a quien días atrás acusó directamente de orquestar un “golpe de Estado” para evitar que llegue a la presidencia.

“Han usado las instituciones para usar las leyes e irrespetarlas. Para burlar las leyes, la constitución y la voluntad del pueblo soberano”, dijo Arévalo a sus simpatizantes, a quienes agradeció “no rendirse frente a los corruptos que no cesan en su intento de no soltar el poder”.

El pasado fin de semana, el Ministerio Público allanó por cuarta vez la sede del Tribunal Supremo Electoral y se llevó cajas con las actas originales de los resultados electorales en el marco de su investigación, entre forcejeos y llantos de algunos de los magistrados del tribunal que intentaron evitarlo.

En los últimos meses, las críticas internacionales al organismo liderado por Porras también fueron escalando.

Tras una reciente visita a Guatemala, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que “las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”.

Tras el allanamiento al Tribunal Electoral el pasado fin de semana, EE.UU. anunció que tomaría medidas para imponer restricciones de visa “a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala” como miembros del Congreso o actores judiciales, entre otros.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó por su parte una profunda preocupación por estas medidas y por todas las acciones de las autoridades judiciales, que parecen adoptarse “para socavar el resultado del proceso electoral en Guatemala” y “el estado de derecho en general”. Además, advirtió de su incompatibilidad con las leyes internacionales de derechos humanos.

Lo cierto es que la incógnita sobre qué ocurrirá en los próximos meses con Arévalo es casi tanta como la de qué sucederá con Porras y cómo será su relación con el nuevo gobierno cuando el presidente electo, si no se lo impiden, asuma su mandato el 14 de enero.

Arévalo ya había anunciado en campaña electoral que, de ganar, pediría la renuncia de Porras, quien fue elegida en 2022 por el presidente saliente Giammattei para un segundo mandato de otros cuatro años al frente del Ministerio Público.

Este puesto fue designado por el mandatario de entre una lista de seis candidatos propuestos por decanos de las facultades de Derecho y la Corte Suprema. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) denunciaron presiones a la comisión de postulación por parte del poder judicial para incluir entre las opciones a Porras, quien cuenta con el firme apoyo de Giammattei.

“La renovación del mandato de Porras podría ser un revés fatal para el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción en Guatemala”, señaló entonces Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW.

Giammattei afirmó en aquel momento que la reelección de Porras no fue “una decisión sencilla tomada a la ligera”, aseguró que cumplía con todos los requisitos para continuar en el cargo y descartó “los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir” contra ella.

Por su parte, Porras anunció al ser reelecta que continuaría su trabajo “sin sesgos ni ideologías” y calificó los señalamientos en su contra como “constantes ataques por parte de algunas personas que buscan una justicia parcializada”.

“Jamás he dado un paso atrás y jamás lo daré porque creo y confió en la Ley y jamás toleraré acciones arbitrarias que socaven los derechos de los ciudadanos guatemaltecos”, declaró.

Tras conocer la designación, el gobierno estadounidense sancionó nuevamente a la fiscal, a quien ya meses antes la había incluido en su lista Engels de “actores corruptos y antidemocráticos”, suspendió la cooperación con su despacho y le retiró la visa para entrar al país.

Nacida en 1953 en San Juan Comalapa, en el centro de Guatemala, Porras estudió Ciencias Jurídicas y trabajó como integrante de la Corte de Apelaciones y como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, aunque no tenía experiencia en temas de investigación criminal de alto impacto antes de ser designada para el Ministerio Público.

Fue nombrada inicialmente para este ministerio en mayo de 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales en sustitución de Thelma Aldana, la fiscal general que lideró una importante batalla contra la corrupción en el país.

Poco después de que Porras asumiera su cargo, Morales anunció la salida de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), una misión creada por Naciones Unidas que operó durante 12 años y que logró desmantelar numerosas redes criminales.

Uno de los primeros movimientos de la Fiscalía de Porras fue actuar judicialmente contra quien fuera su predecesora.

Aldana se trató de presentar como candidata a la presidencia, pero el Ministerio Público, liderado ya por Porras, la acusó de “malversación de fondos” y giró una orden de captura en su contra, por lo que la reconocida exfiscal se tuvo que exiliar en EE.UU.

Para organizaciones de defensa de los derechos humanos fue entonces cuando comenzó una corriente de criminalización desde el Ministerio Público contra decenas de jueces, fiscales y periodistas que trabajaban o investigaban temas vinculados a la corrupción y que acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel.

“Su dedicación completa fue obstruir las investigaciones que ya habíamos adelantado. Y sobre las denuncias que recibíamos que podían involucrar al presidente (Giammattei) y su círculo cercano, decidía que las deriváramos a otras fiscalías con el ánimo de que las investigaciones no avanzaran”, le dijo en junio a BBC Mundo Juan Francisco Sandoval, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala y que vive en EE.UU. desde que Porras lo destituyera de su cargo en 2021.

Los cuestionamientos hacia la fiscal han llegado también desde la Iglesia católica de Guatemala, aunque Porras se caracteriza por llevar un rosario en forma de pulsera atado en la mano, símbolo de su fe religiosa.

También ha sido criticada por numerosos grupos de la sociedad civil, comunidades indígenas y de estudiantes.

En 2021 se viralizó un video en el que, durante una clase virtual, un grupo de universitarios la increpaba por su gestión y la tildaba de “corrupta”, lo que generó un escándalo que llevó a Porras a dejar de dar clases.

Pese a las duras críticas y señalamientos, Porras continúa defendiendo firme su labor. Al terminar su primer mandato el año pasado, sostuvo que la lucha contra la corrupción fue una de sus prioridades y que la Fiscalía se volvió más independiente bajo su gestión.

“Puedo afirmar con gran satisfacción que hemos afianzado al Ministerio Público como una institución eminentemente técnica y jurídica sin ningún tipo de sesgo o ideología política”, afirmó entonces.