La OEA exige a Nicaragua que le devuelva las instalaciones confiscadas

La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó “enérgicamente” el viernes a Nicaragua por la ocupación y cierre forzado sus oficinas en Managua por parte del gobierno de Daniel Ortega.

La resolución, aprobada durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, fue apoyada por 29 de los 34 miembros activos del bloque regional, con la ausencia de Bolivia y Nicaragua. Tres países se abstuvieron: El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas.

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El texto fue patrocinado por Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Granada y Uruguay, y adoptado por votación nominal luego de que El Salvador se opusiera a una decisión por consenso.

La OEA resolvió “condenar enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes en Managua, el domingo 24 de abril de 2022, en violación de las obligaciones legales del Gobierno de Nicaragua”.

También deploró “la violación de la inviolabilidad de los archivos” de la OEA, pidió “que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras estén en Nicaragua” y exigió “que se restituya inmediatamente” el uso de los locales incautados.

Además, subrayó que el gobierno de Ortega “es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales”, citando acuerdos sobre privilegios e inmunidades firmados por Nicaragua en 1960 y 1989, así como la adhesión del país a la Carta de la OEA de 1948.

La resolución reconoce que el gobierno de Ortega anunció su retirada de la OEA, pero recuerda que sus obligaciones legales “siguen vigentes hasta la fecha efectiva de la salida”, el 18 de noviembre de 2023.

Nicaragua comunicó que se iba de la OEA el 18 de noviembre pasado, luego que la organización desconociera la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo, en comicios celebrados con sus rivales y opositores presos.

El 24 de abril el gobierno de Ortega ocupó y cerró las oficinas de la OEA en Managua y adelantó la retirada de sus representantes ante el bloque regional. Dos días después, informó que el edificio que albergaba las oficinas de la OEA en Managua había sido “declarado de utilidad pública” y se convertiría en “el museo de la infamia”.

Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA el 27 de abril, 16 países miembros expresaron su “consternación” y “preocupación” por lo ocurrido, reclamando respeto por los principios del derecho internacional.

Estados Unidos, en particular, exhortó a la OEA a tomar medidas “concretas” para responder a lo que consideró una “abominación institucional e ilegal”.

Nicaragua, uno de los países fundadores de la OEA, había presentado el 8 de abril a su nuevo embajador ante la organización, Orlando Tardencilla, luego de la destitución de su predecesor, Arturo MacFields, quien el 24 de marzo denunció ante el Consejo Permanente de la OEA que su país es una “dictadura”.