A solo mes y días de las elecciones presidenciales en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo persigue, acosa y encarcela a quienes osan ser sus rivales y postulan al sillón presidencial, sino que hace lo mismo con los periodistas de oposición.
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“Ejemplos sobre cómo Ortega y Murillo pisotean la libertad de prensa abundan”, explica la periodista Dora Luz Romero, jefa de Información Digital del diario “La Prensa”.
“Desde que Ortega asumió el poder en el 2006, no ha dado ninguna entrevista a un medio nicaragüense. Quien habla con el canal estatal es su esposa y vicepresidenta Murillo: aparece en un programa que se transmite en radio y en línea para dar información sobre todo lo que te puedas imaginar”.
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Se trata de una variante de lo que Hugo Chávez, el extinto presidente de Venezuela, hacía con “Aló presidente”: una suerte de monólogo en el que “supuestamente está informando”.
“Pandemia, vacunas, salud, educación: ella es la voz. Así es como los nicaragüenses se enteran lo que sucede cuando, en realidad, deberíamos poder hacerlo pidiendo información a las autoridades competentes”, remarca Romero.
Esa, digamos, es una de las formas blandas en las que el régimen Ortega-Murillo domina el discurso y moldea la realidad de la nación. En esa misma línea, por ejemplo, a los medios se les golpea quitándoles las materias primas. Ahí está el caso de “La Prensa”.
“Nosotros sacamos nuestra última edición impresa el 12 de agosto. Allí se denunciaba la retención del papel. Desde entonces informamos a través de las plataformas digitales, aunque antes también nos boicotearon la página web”.
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Romero da cuenta de que, en el 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica en el país -a partir de las protestas en las que el Estado mató a más de 300 personas-, el portal sufrió un ataque DOS, que los dejó fuera de línea. “No sabemos quién fue, pero sí sabemos que fue alguien que no está de acuerdo con la voz de ‘La Prensa’”.
Otro de los métodos es enviar a la policía a que intervenga en las redacciones periodísticas. Al día siguiente de denunciar la escasez de papel, el 13 de agosto, la policía intervino en “La Prensa”.
“Por órdenes del régimen, tomaron las instalaciones y fue entonces que se llevaron a nuestro gerente general Juan Lorenzo Holmann, quien ahora es uno de los presos políticos del orteguismo”.
Así como Holmann, otro tres opositores -como Noel Vidaurre, Alex Hernández y Roger Reyes-, van a ser juzgados por “delitos económicos y traición a la patria”.
DE ROBOS, EXILIOS Y OTRAS PENAS
En el 2018, el periodista Maynor Salazar trabajaba en “El Confidencial”. De un momento a otro, la policía ingresó y confiscó todos los equipos, la antesala de una pesadilla.
Luego, el Ministerio Público abrió una investigación contra Cristiana Chamorro -quien tentó ser parte de la carrera presidencial contra Ortega- y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
¿De qué se los acusaba? De presunto lavado de dinero y activos, y falsedad ideológica. La policía allanó las oficinas y “otra vez robó equipos”.
“Ese es el mejor ejemplo de lo que se vive en Nicaragua: ataques a la libertad de empresa, de expresión y de prensa”, sostiene Salazar.
“Y, a partir de este año, varios periodistas comenzamos a ser citados por el Ministerio Público para rendir cuentas sobre el apoyo que daba la fundación al periodismo independiente”.
Las pesquisas del régimen hicieron que desfilaran empresarios, banqueros y periodistas para preguntarles si les pagaban para hablar mal del gobierno.
“Yo fui en calidad de testigo. Me entrevistó un fiscal y me hizo varias preguntas de forma acusatoria. Incluso, así como a otros colegas como Wilfredo Miranda, Álvaro Navarro o Eduardo Enríquez, se me mencionó la ley de ciberdelitos”.
También conocida como la ley bozal, esta legislación busca “castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia”. Pero todo ello a discreción del gobierno.
“Se me dijo eso como una clara amenaza al ejercicio de mi profesión. Al colega Iván Olivares le dijeron que le podían aplicar esa ley porque sus artículos mentían y eso no tenía cabida”.
Salazar estuvo en el Ministerio Público más de un hora y media. Él siempre respondió diciendo que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se encarga de capacitar periodistas (a veces también financia proyectos) y que “en ningún momento” les decía “qué hacer o a quién atacar”.
En respuesta, varios periodistas prefirieron exiliarse: Carlos Fernando Chamorro, Julio López, y otros. Según un informe de las Naciones Unidas -que denuncia “el asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación” e independientes- más de 90 periodistas han tomado ese camino.
Hay quienes reclaman desde otras latitudes, otros, prefieren el silencio para evitar represalias contra sus familiares.
UN FUTURO MUY SOMBRÍO
Los que resisten en su tierra, han optado por mecanismos para protegerse. El que más se destaca es no firmar los artículos. “No es que vino un gremio y todos se pusieron de acuerdo. No. Simplemente ocurrió que, un día, todos los medios independientes y todos los periodistas independientes, viendo que el asunto era tan delicado, pues para protegerse decidieron que no iban a firmar”, dice Salazar.
“Si ves ‘La Prensa’, no hay firmas. Los únicos que siguen anunciando sus notas son los de la radio y otros medios como el canal 2 o el 10, porque no pueden dejar de hacerlo”.
¿Es Salazar optimista sobre el futuro de la libertad de prensa en su país? “Ahora soy realista. Van a venir más ataques, más persecuciones. Parece que a los Ortega-Murillo no les importan las sanciones internacionales, y el hecho más claro son las elecciones a la medida que están organizando para noviembre”.
“El periodismo independiente sufrirá las consecuencias de una dictadura que está por consolidarse. Ellos tienen todo a su favor y solo falta eliminar las voces disidentes. No existe un panorama alentador. Ortega y Murillo han decidido que este país lo dirigen ellos y no importa quién se oponga”.
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