La crisis de los derechos humanos “continúa profundizándose” en Nicaragua, donde la sociedad civil no puede participar en la vida social y política “de manera libre y segura”, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe publicado este jueves.
Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, Nicaragua canceló la personería jurídica de 3.390 organizaciones de un total de 7.227 registradas en el país en 2018, cuando estallaron protestas gubernamentales que se saldaron con unos 300 muertos.
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La CIDH lo considera un ataque “al pluralismo” que demuestra la intención “de cerrar completamente el espacio cívico y democrático” en el país.
En Nicaragua “prevalece una política de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al gobierno mediante la imposición de un estado policial”, denuncia.
Estas restricciones “han sido posibles debido a la subordinación de todos los poderes públicos al Ejecutivo” y a la ausencia de “límites y contrapesos”.
La CIDH cita por ejemplo el hecho de que la Asamblea Nacional haya facilitado la aprobación de normas y reformas legales del gobierno del mandatario Daniel Ortega, reelegido en 2021 con sus rivales en la cárcel o en el exilio.
Además los recursos interpuestos contra estas normas han perdido todo sentido debido a “la falta de independencia del poder judicial”.
“Como consecuencia de esta escalada represiva” decenas de organizaciones y activistas “se han visto forzados al exilio” y los que siguen en el país “trabajarían en la clandestinidad, en un clima de miedo, persecución y autocensura”, señala.
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Las autoridades nicaragüenses suelen seguir un patrón: prohíben manifestaciones, luego llevan a cabo detenciones arbitrarias, “más de 2.000″ desde el 18 de abril de 2018, y emprenden campañas de desprestigio y hostigamiento.
Además el organismo afirma tener constancia de que retiran y retienen pasaportes o se niegan a expedirlos para impedir la salida de personas al extranjero. Y a otros les impiden regresar al país.
La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que Nicaragua dejará de ser miembro el 19 de noviembre por expreso deseo de Ortega.
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