Nicaragua calificó el miércoles de “golpistas” y “resabios de maldad” a algunos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por debatir un informe que dice que las elecciones que el país celebrará el domingo no cumplen con los estándares interamericanos para garantizar comicios libres y justos el 7 de noviembre.
Michael Campbell, un alto funcionario nicaragüense, dijo durante una reunión virtual de la OEA que su país no participaría en esa reunión ya que promociona “golpes de Estado y alimenta el terrorismo como fórmula para desestabilizar la soberanía nacional”.
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En la reunión del miércoles la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, presentó un informe de la comisión titulado “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”. Éste dice que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene instalado un “régimen de supresión de todas las libertades” mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y “la represión” ejercida desde las instituciones de seguridad estatales.
Campbell dijo en la reunión que el domingo habrá más de 14.000 juntas receptoras de voto en su país. “Esta fiesta ciudadana integra para su feliz desarrollo a un universo de más de 170.000 fiscales que trabajarán directamente para que un aproximado de 4.450.000 ciudadanos puedan votar y elegir en paz”, indicó.
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Ortega, de casi 76 años, buscará su tercera reelección consecutiva y la segunda de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como candidatos del gobernante partido Frente Sandinista. El exguerrillero fue presidente por primera vez entre 1985 y 1990 y retornó al poder en 2007. Ortega competirá con seis partidos políticos minoritarios, varios de los cuales ya son aliados de los sandinistas en el Parlamento, tras haber sido encarcelados desde junio los aspirantes a la presidencia que se inscribirían por los principales bloques de oposición.
Estados Unidos y otros países han declarado que las elecciones “han perdido toda credibilidad” debido a la exclusión de partidos opositores.
Bradley Freden, representante interino de Estados Unidos ante la OEA, urgió en la reunión del miércoles al gobierno nicaragüense a frenar su “represión”, respetar acciones de libre expresión y liberar a los presos políticos. “La gente de Nicaragua sabe que cualquier esperanza de que las elecciones del 7 de noviembre sean libres y justas se ha ido”, dijo Freden. “Con la decisión del gobierno de Ortega-Murillo de prohibir el último partido de oposición genuino el calendario electoral del domingo pierde toda credibilidad y no es más que una farsa”.
El 20 de octubre el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución para insistirle a Nicaragua que libere a los candidatos presidenciales y presos políticos, urgirle a que inicie reformas electorales y expresar su alarma por el deterioro de la situación de los derechos políticos del país. La resolución fue aprobada por 26 países. Otros siete, entre ellos México, Guatemala y Argentina, se abstuvieron. Nicaragua no votó.
Por su parte, Urrejola dijo el miércoles que la Asamblea General de la OEA planteó como esenciales algunas medidas con el fin de promover elecciones libres en Nicaragua, pero afirmó que ninguna ha sido implementada.
Campbell, el funcionario nicaragüense, criticó con dureza a la OEA. “Observamos el notorio deterioro de la funcionalidad y los objetivos de esta organización creada para supuestamente defender a los ciudadanos en sus derechos fundamentales”, sostuvo. “Lamentablemente, por su parcialidad y notoria instrumentalización, así como su obvia incapacidad para ver otras realidades de severas afectaciones al derecho a la vida en diversos pueblos de nuestro continente, estos informes pierden veracidad y sustentabilidad”.
Mientras tanto, 13 organizaciones de distintos sectores civiles de Nicaragua divulgaron en una rueda de prensa virtual un llamado a la comunidad internacional para poner atención en la crisis del país, donde “la dictadura de Daniel Ortega profundizó un régimen opresivo y autoritario con control absoluto sobre todos los poderes del Estado y sobre las fuerzas de seguridad”.
Entre los principales “blancos de la represión”, las ONG mencionaron a estudiantes, periodistas, defensores/as de derechos humanos; familiares de víctimas, líderes campesinos, comunidades indígenas, integrantes de la oposición política y líderes religiosos.
“Es fundamental que la comunidad internacional (...) siga con detenimiento los hechos, y que continuemos informando a través de la difusión y registro” de las violaciones de derechos humanos en el país, a fin de que las víctimas “puedan exigir justicia”, señalaron en un comunicado.
También instaron a “generar procesos de memoria, verdad, justicia, reparación y retorno a la democracia de forma inminente”, ya que “con personas presas y exiliadas políticas, sin garantía de los derechos humanos y bajo un marco de impunidad no hay ninguna posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes” en Nicaragua.
Entre las organizaciones firmantes figuran el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, tres organizaciones de familiares de presos y excarcelados políticos, el feminista Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y la organización de exiliados Nicaragüenses en el Mundo (NEEM).
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