Un grupo de ciudadanos nicaragüenses que se identifican como “víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018” solicitaron este martes inhabilitar a la candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), Berenice Quezada, por supuesta apología del delito e incitación al odio.
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Esa solicitud fue interpuesta ante la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
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Según la denuncia, reportada por medios oficiales, Quezada, Miss Nicaragua 2017, incitó al odio luego de que su alianza inscribiera a sus candidatos a presidente y vicepresidenta, diputados ante la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
“Quezada, al dar declaraciones, incitó al pueblo nicaragüense a promover actos de violencia y terrorismo tal y como sucedió entre abril y junio del 2018”, interpretó el portal gubernamental El 19 Digital.
“Los ciudadanos que sufrieron la violencia acontecida en ese momento triste de la historia solicitaron a la Procuradora de Derechos Humanos, compañera Darling Ríos, a interponer el oficio correspondiente conforme a las leyes penales y Ley Electoral para que Quezada sea inhabilitada como candidata a vicepresidenta”, agregó.
LO QUE DIJO LA ASPIRANTE A VICEPRESIDENTA
La exreina de belleza nicaragüense dijo a los periodistas que “en Nicaragua las condiciones (electorales) nunca han estado” y que “las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone?, saliendo a votar”.
La joven hizo un llamado a los nicaragüenses a votar el 7 de noviembre para demostrar que en Nicaragua “no queremos más dictaduras”, en alusión al Gobierno de Daniel Ortega.
A su juicio, los nicaragüenses se definieron políticamente tras la revuelva popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.
“De 2018 para acá Nicaragua trazó una línea, cada quien decidió dónde quiere estar”, indicó.
El Ejecutivo califica esas revueltas como un intento de golpe de Estado, aunque el viernes pasado el mismo Ortega dio otra versión.
En un acto con la Fuerza Aérea, el líder sandinista dijo que en abril de 2018 sus adversarios intentaron “provocar un cambio de régimen, un cambio de sistema”, cuando estalló la revuelta popular, y que “ellos (oposición) estaban claros que golpe de Estado no era posible en Nicaragua, porque para un golpe de Estado se necesitan al Ejército y a la Policía y ellos estaban claros que no estaban dentro de sus posibilidades”.
“El golpe de Estado lo concebían con su actos de terror, y que luego el yanqui (EE.UU.) invadiendo nuestra patria”, añadió.
CONTENDIENTES DE ORTEGA ESTÁN DETENIDOS
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, también ha aprehendido a un excanciller, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y cinco dirigentes opositores.
Además, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, una abogada y defensora de los derechos humanos, un politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, un periodista, un comentarista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.
Otros dos aspirantes a la Presidencia de la oposición, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua por razones de seguridad.
Ortega, que retornó al poder en 2007, buscará su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
En Nicaragua, un país centroamericano de 6,5 millones de habitantes, unos 4,3 millones están habilitados para votar y elegir presidente y vicepresidente, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlacen.
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