Cómo Panamá pasó de ser un ejemplo de prosperidad y estabilidad a vivir masivas protestas callejeras

Panamá, el país más rico de Centroamérica, no está acostumbrado a las protestas ciudadanas.

Pero desde hace dos semanas las movilizaciones de colectivos sociales, manifestaciones callejeras y cortes de carreteras están a la orden del día.

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El aumento de los precios de alimentos, medicinas y combustibles desbordó el descontento ciudadano y dio pie a otras demandas políticas y sociales.

Los profesores comenzaron las protestas con una huelga indefinida y se fueron sumando sindicatos, organizaciones sociales, grupos indígenas y otros sectores de la población.

Con el país al borde de un estallido social y más de US$500 millones en pérdidas estimadas en la cadena de producción por los disturbios, el gobierno ha tratado de calmar los ánimos con concesiones.

El presidente Laurentino Cortizo congeló el precio de la gasolina en US$3,95 por galón -se llegó a disparar a más de US$5- y finalmente lo bajó a US$3,25 dólares.

También anunció subsidios a algunos alimentos y una reducción del gasto del 10%, pero gremios y sindicatos consideran estas medidas insuficientes y continúan las negociaciones en un ambiente de tensión que amenaza con estallar en cualquier momento.

Ante este escenario, el martes el gobierno y los representantes de los manifestantes aceptaron participar en un diálogo sobre varias demandas básicas: reducción del costo de alimentos, combustibles. energía y medicamentos, así como el aumento al presupuesto educativo y el combate a la corrupción, entre otras.

“Era un volcán que se activó”, le dice a BBC Mundo el profesor Juan Ramón Herrera, del gremio de profesores, que ha sido uno de los que han liderado las protestas.

“El problema es que no quieren entender que tienen que dar una muestra clara y sincera de cambio institucional. Aquí no se busca un cambio de sistema, sino un cambio del modelo económico, que ya no seamos el segundo o tercer país con la más mala distribución de la riqueza del mundo”, señala.

Para el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, son demandas legítimas que están dispuestos a atender.

“Los puntos que se han planteado sí son válidos, reconocemos que podemos verlos y revisarlos. Y los movimientos son legítimos, nosotros los reconocemos como gobierno, desde el presidente Cortizo”, le dice a BBC Mundo el vocero presidencial Roger Alberto Tejada.

Tras la invasión estadounidense de 1989 que derrocó al gobernante de facto Manuel Antonio Noriega, se instauró la democracia y un sistema económico de corte liberal en el país.

Con una economía dolarizada, ingresos anuales de miles de millones por el canal y con el sector de servicios como principal motor, la economía avanzó a un ritmo promedio del 6,3% anual en las siguientes dos décadas y no se contrajo un solo año hasta 2020, por los efectos de la covid.

El año pasado Panamá recuperó el terreno perdido en la pandemia y su PIB per cápita -principal indicador de productividad y desarrollo económico- rebasó los US$14.500, según datos del Banco Mundial (BM).

La cifra es superior a la de Costa Rica (US$12.500), a menudo considerado un ejemplo de prosperidad en la región, y multiplica por tres y cuatro las de otros vecinos centroamericanos como Nicaragua, Guatemala, Honduras o El Salvador.

Sus niveles de desempleo en torno al 10% tampoco parecen excesivos, si bien la informalidad roza el 50%, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).

En cuanto a la pobreza, la sufre un 12,3% de la población, mientras en Costa Rica alcanza al 26,8%, en El Salvador al 22,8%, en Honduras al 73% y en Guatemala al 60%, según datos oficiales y de organismos multilaterales recogidos por la agencia EFE.

Entonces, ¿por qué el malestar se ha extendido entre los panameños, al punto de salir en masa a las calles?

“En la pandemia se sufrió mucho económicamente, pero lo que está ocurriendo ahorita mismo no es producto de la pandemia, no es producto de los problemas económicos de la guerra [de Ucrania], es producto de un modelo instaurado después de la invasión en 1989 en Panamá que se instaló un modelo neoliberal”, sostiene el profesor Herrera.

Además del gremio de profesores, organizaciones sociales, de transportistas e indígenas han efectuado bloqueos en diversas vialidades del país. Los manifestantes han acusado a la policía de emplear gases y un uso desmedido de la fuerza para disipar las protestas.

El gobierno dice que, aunque se respeta el derecho a las protestas, éstas están cayendo en excesos: “Las manifestaciones y cierres han pasado a un contexto de violencia, desproporcionada, han llegado a atacar a particulares, a los propios civiles, al propio pueblo. Hemos visto que se han impedido el paso de ambulancias, de comida, con estos cierres. Y hay grandes pérdidas, más de US$500 millones”, señala el portavoz Tejeda a BBC Mundo.

Es importante mencionar que la inflación es un fenómeno en auge en la historia reciente de Panamá.

El índice de precios al consumo (IPC) fue en junio del 5,2% respecto al mismo mes del año anterior, una cifra moderada en comparación con otros países de occidente, pero que las familias notan mucho cuando toca llenar la canasta básica.

Y también en el momento de repostar: los precios de la la gasolina se dispararon en torno al 40% en pocos meses.

Con 4,3 millones de habitantes y su economía dolarizada, Panamá no ha sufrido la volatilidad de precios más frecuente en otros países de la región, con Argentina y Venezuela como algunos de los ejemplos más extremos.

Por eso, la actual ola inflacionista ha supuesto un especial shock para los panameños. Aunque este no es el único factor.

Herrera sostiene que más allá de los problemas económicos actuales, en el fondo está la mala distribución de la riqueza.

“En 1999 la devolución del Canal de Panamá trajo riqueza al país. El problema es que solamente unas familias empezaron a acapararla, se creó un oligopolio y se olvidaron del pueblo. Y eso es lo que ha causado el detonante de esta protesta, a lo que se ha sumado el alto costo de los combustibles y de la canasta básica familiar, el desabastecimiento y los costos de las medicinas. Además está la corrupción institucionalizada en el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, señala Herrera.

Carlos Guevara Mann, politólogo e historiador de la sede panameña de la Universidad del Estado de Florida, ofrece a BBC Mundo otras claves que explican la situación a la que ha llegado el país.

“Los analistas más agudos llevamos años advirtiendo que la prosperidad solo alcanza a un minúsculo segmento de la población, mientras la mayoría se empobrece; que la seguridad social y ciudadana han decaído de manera preocupante; y que la democracia instaurada tras la invasión estadounidense de 1989 ha degenerado en una partidocracia corrupta y excluyente”, afirma.

La desigualdad, uno de los males endémicos de toda América Latina, es especialmente notoria en Panamá.

“El fuerte crecimiento del PIB per cápita anotado por Panamá no ha tenido una correspondencia similar en la reducción de la desigualdad de la distribución por ingreso”, expone el informe “La matriz de la desigualdad social en Panamá” elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2020.

El informe atribuye a Panamá un índice de Gini -uno de los principales indicadores de desigualdad- de 0,498, entre los más altos de América Latina y el Caribe, y muy por encima del promedio mundial.

Y esto no viene de ahora: en 2015 un informe oficial reveló que el 10% de las familias más ricas de Panamá tenían 37,3 veces más ingresos que el 10% de las más pobres.

Las imágenes de la capital panameña, donde es frecuente ver centros comerciales de lujo y modernas torres de apartamentos junto a desatendidas barriadas donde se hacinan familias de bajos recursos, hablan por sí solas de este fenómeno.

Pero no solo los más desfavorecidos en Panamá han dicho basta tras la subida de los precios.

“Lo interesante es que la protesta está diseminada en todo el país y en todos los sectores sociales, lo que revela una frustración generalizada ante la degradación del sistema político”, explica Guevara Mann.

De hecho, el descontento de las clases medias panameñas, que ven menguar su poder adquisitivo a medida que se disparan los precios de casi todos los productos, es una de las claves que explican las actuales protestas en un país no acostumbrado a conflictos sociales.

Y estas clases medias señalan a sus dirigentes. ¿Con razón?

“El gobierno ha hecho algunas promesas que no atienden el meollo del asunto”, afirma el académico.

“La especulación de los sectores económicos tiene mucho que ver con el incremento en los precios que carcome los ingresos de las capas medias y bajas, muy mayoritarias en el país”.

Tejeda, el vocero del gobierno, señala que sí han atendido las demandas de las recientes manifestaciones, conforme a las capacidades del gobierno en temas como los combustibles o el costo de alimentos y medicamentos. Pero hay otras demandas, como los salarios, que involucran al sector patronal.

“Hay puntos que pueden impactar al sector empresarial y hay que tomar decisiones tripartitas”, sostiene.

En este contexto, Guevara Mann apunta a un problema más político que económico: las fallas en la democracia del país.

“Una democracia de apariencias, que es poco más que un crudo electoralismo basado en la negación de la participación ciudadana y el clientelismo, impide que haya una auténtica representación política. Quienes ejercen el poder político lo hacen a espaldas de la ciudadanía, en aras de sus propios intereses pecuniarios”.

La confianza de los panameños en sus dirigentes también se ha visto minada por la percepción generalizada de que la corrupción es parte intrínseca de la política nacional.

No es un secreto que en Panamá, uno de los más famosos paraísos fiscales del mundo, hay corrupción.

Durante la pandemia estallaron los escándalos por irregularidades en adquisiciones de equipos y suministros médicos, y este año hay una larga lista de procesos de alto perfil por resolver, como el caso Odebrecht, cuya audiencia preliminar fue suspendida el lunes y reprogramada para el 12 de septiembre.

“Es un sistema eminentemente corrupto, legado de la dictadura castrense (1968-1989), con el cual nunca se ha roto, como lo indican la vigencia de la misma Constitución impuesta por los militares en 1972 y el sistema electoral creado por ellos en 1978 para perpetuar en el poder a su brazo político”, afirma el politólogo.

Para el profesor Herrera, la actual situación puede resolverse con un “cambio de actitud”.

“Desde el 1 de julio el gobierno, la clase gobernante. tendría que haber entendido que se requiere cambiar de actitud, que el pueblo es el sostén de esta nación”, afirma.

De otra manera, dice, es imprevisible en qué desembocará la situación actual.

“Esto puede en este momento matizarse, pero llegará el momento en que va a hacer erupción, como hemos dicho. Y aquí entonces vendrá un cambio más radical de parte de la población y entonces traerá consecuencias que no podemos saber ni medir en este momento”.