La decisión de la Justicia panameña de cerrar la causa contra el bufete Mossack Fonseca, epicentro de los “Panama papers”

Una decisión judicial volvió a mover las aguas de uno de los mayores escándalos de corrupción en Latinoamérica.

Un juzgado de Panamá decidió suspender por falta de pruebas la causa detrás del caso “Lava Jato”, que involucraba al reconocido bufete Mossack Fonseca -epicentro de los llamados “Panama papers” o “papeles de Panamá”- y a unas 40 personas más.

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La jueza Baloísa Marquínez Morán dictaminó este jueves que los fiscales en el juicio no pudieron probar que el bufete de abogados, ya desaparecido, había escondido dinero ilícito de una empresa constructora brasileña.

“No se demostró la tipología utilizada para encubrir y justificar fondos. Tampoco se evidenció la trazabilidad del dinero que, presuntamente, procede de la República Federativa de Brasil. La investigación no probó que la firma de abogados investigada administraba algún fondo o cuentas bancarias procedentes de Brasil”, indicó la sentencia.

La jueza consideró, además, que la fiscalía no logró demostrar “qué cuentas fueron creadas en Panamá con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore (o extraterritoriales)”.

Los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca habían sido acusados de abrir cuentas en el extranjero para que la empresa brasileña moviera los sobornos.

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La decisión llega después de que se celebrara en Panamá una audiencia preliminar en marzo pasado tras varias suspensiones.

Durante la vista, los abogados de unas 40 personas acusadas por el caso pidieron a la jueza que otorgara a sus defendidos el sobreseimiento definitivo dentro de esta causa penal, así como el levantamiento de todas las medidas cautelares.

Este jueves, la jueza Marquínez Morán dictó el “sobreseimiento provisional a favor de 39 personas, y un sobreseimiento definitivo para otra, investigadas dentro de la causa penal por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales”.

Mossack y Fonseca anunciaron el cierre de sus oficinas en 2018, después de la filtración de millones de documentos financieros del bufete que sacaron a la luz cómo algunas personalidades y millonarios ocultaban dinero en paraísos fiscales.

El caso es conocido como el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil y tuvo ramificaciones por numerosas naciones de América Latina.

En portugués, Lava Jato significa “lavacoches” y alude al lugar donde comenzó el caso: una gasolinera de Brasilia donde nadie limpiaba autos, pero la policía sospechaba que lavaban dinero.

Al indagar y usar acuerdos de delación con acusados, los fiscales descubrieron un esquema de sobornos por contratos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras con constructoras de Brasil.

El dinero desviado de esos contratos inflados acababa en manos de políticos de distintos partidos, así como de intermediarios y empresarios.

Y, como algunas de las constructoras involucradas obtuvieron contratos de obras con otros gobiernos de América Latina mediante sobornos, el escándalo se expandió por la región.

Se estima que sólo la constructora Odebrecht distribuyó sobornos por unos US$800 millones en varios países.

Casi 200 personas fueron condenadas en Brasil, aunque muchas han sido liberadas.

Las autoridades brasileñas estiman que lograron recuperar el equivalente a US$765 millones.

Las investigaciones derivaron en el arresto de expresidentes de Perú, Panamá y El Salvador.

Y en Brasil las revelaciones desataron protestas callejeras contra la clase política, que en 2016 reaccionó destituyendo a la entonces presidenta Dilma Rousseff en un impeachment por temas presupuestales.

El expresidente Luiz Inacio Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y lidera el Partido de los Trabajadores (PT), fue condenado a 12 años de prisión acusado de recibir un apartamento como soborno de la constructora OAS, aunque luego fue liberado.

Y es aquí donde el escándalo en Brasil se cruza con lo sucedido esta semana en Panamá.

Según explicó en 2021 Ramón Fonseca Mora, uno de los jefes del equipo de abogados panameño, al bufete se le acusó “sin pruebas” de “haber vendido sociedades anónimas que fueron usadas en Brasil para el Lava Jato”.

“Según publicó algún medio panameño esa sociedad había sido para comprar un apartamento para (el expresidente brasileño) Lula da Silva”, dijo.

“Pues se confirmó que Lula no era dueño de ese apartamento sino una pobre señora que era cliente de nuestra oficina en Sao Paulo. Se equivocaron de piso, Lula estaba en el piso de abajo (...) nos metieron en un proceso que no tiene ni pies ni cabeza”, agregó entonces.

El fallo dado a conocer este jueves debe ser revisado por el Ministerio Público para decidir si apela o no la decisión judicial.