“Está en una zona altamente sísmica”: la polémica decisión de mantener abierta “una de las centrales nucleares más peligrosas de EE.UU.

Construida prácticamente sobre el mar, a medio camino entre Los Ángeles y San Francisco, Diablo Canyon es la última central nuclear activa de California. Y hasta este jueves parecía tener los días contados.

Polémica desde sus inicios —las protestas por su construcción en la década de los 60 dieron forma a un fuerte movimiento antinuclear en el estado—, el hallazgo de una serie de fallas sísmicas sobre las que no se tenía conocimiento e informes sobre su seguridad la mantuvieron siempre en el ojo del huracán.

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Hasta que en 2016 la empresa que la gestiona, las autoridades estatales y grupos ambientalistas y sindicales llegaron a un acuerdo para cerrarla.

El cierre estaba pactado para 2025, pero un giro de último momento puede hacer que su vida útil se extienda por otros cinco años.

Este jueves la Legislatura Estatal de California aprobó conceder a Pacific Gas and Electric Company (PG&E)un préstamo de US$1.400 millones con el objetivo de que la mantenga activa hasta 2030, en un plan impulsado por el gobernador del estado, Gavin Newsom.

Eso ha provocado la ira de quienes la consideran “una de las centrales nucleares más peligrosas de Estados Unidos”, por estar asentada en una zona proclive a los terremotos y cerca de grandes núcleos de población, algo que PG&E tajantemente niega.

Mientras, sus defensores aplauden una decisión que garantizaría el suministro eléctrico cuando las olas de calor hagan que el consumo se dispare, así como el cumplimiento de los ambiciosos objetivos climáticos de California.

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Estos últimos, sin Diablo Canyon, no se alcanzarán, subrayan sus defensores.

Y es que la planta por sí sola el la mayor fuente de energía del estado: el año pasado generó el 9% de la electricidad.

En 2021 el gobernador Newson, en un sorpresivo cambio de rumbo, propuso retrasar el cierre de Diablo Canyon y empezó a promover la idea entre los legisladores. El plan concreto lo puso sobre la mesa hace dos semanas.

Y el último impulso se lo dio en la tarde de este miércoles, después de que la operadora de la red eléctrica llamara a los ciudadanos a controlar el uso del aire acondicionado durante la ola de calor en la que está sumido el estado, para evitar los apagones continuos.

“Esto es crítico para asegurar laconfiabilidad energética en un futuro”, dijo Newsom en rueda de prensa.

La medida se enmarca en un paquete legislativo más amplio. Y es que este jueves los congresistas estatales aprobaron un gasto de US$54.000 millones en decenas de proyectos con los que California alcance la neutralidad de carbono para 2045.

Este discurso, el de la necesidad de la energía nuclear en este contexto, coincide con el del gobierno federal. En lo que se considera mayor triunfo legislativo, el presidente Biden anunció el mes pasado una ambiciosa ley mediante la cual se invertirán US$370.000 millones para impulsar tecnologías limpias y frenar las emisiones para 2050.

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“Mantener las operaciones de Diablo Canyon garantizará que tengamos las luces encendidas y evitará que millones de toneladas de carbono se emitan a la atmósfera”, dijo este jueves Isabelle Boemeke, portavoz de la organización Save Clean Energy, al conocerse el respaldo de la Legislatura al plan.

Para que la propuesta se convierta en ley, falta que la firme el gobernador y que la Comisión de Servicios Públicos de California, la oficina reguladora del estado, le de luz verde, y que el gobierno federal la financie.

Friends of the Earth, una de las organizaciones ambientalistas involucradas en el acuerdo de cierre de la central de 2016, ha lamentado la decisión, que considera “apresurada e imprudente más allá del entendimiento”.

Según Erich Pica, presidente de la organización, el gobernador ha impulsado el plan pensando en las potenciales consecuencias políticas que tendría para él un fin de verano plagado de apagones, pero sin ningún estudio que respalde que el estado no tendrá suficiente electricidad si Diablo Canyon no cierra en la fecha acordada.

Y la decisión implica extender la vida de una central que su organización, así como toda una serie de expertos, consideran “una de las más peligrosas” del país.

“Está cerca de grandes núcleos de población y en una zona altamente sísmica”, explica. Además, la empresa que la gestiona ha estado centrada en el proceso para cerrarla y no se ha invertido en mantenimiento de las infraestructuras.

La localidad más cercana es San Luis Obispo, de unos 48.000 habitantes y situada a 15 kilómetros, y ciudades como Los Ángeles y San Francisco están a apenas unos cientos de kilómetros.

Retrasar su cierre es poner “a un gran número de personas en un gran gran riesgo”, le dijo Daniel Hirschm, quien fuera el director del Programa de Políticas Medioambientales y Nucleares de la Universidad de California, Santa Cruz, a la agencia AP antes de la votación de este jueves. “Eso es lo que está en juego aquí”.

La construcción de los dos reactores de Diablo Canyon se inició en 1968 en medio de fuertes protestas.

Mientras las obras avanzaban a buen ritmo, se confirmó el hallazgo de la falla Hosgri, situada frente a la costa a poco más de 5 kilómetros de la planta y capaz de producir sismos de una magnitud 7.5.

La central estaba siendo construida para resistir un terremoto de magnitud 6.7, por lo que los ingenieros de PG&E tuvieron que modificar su diseño.

Las dudas sobre la capacidad de la central para hacer frente a un gran terremoto volvieron a aparecer en 2008, cuando se descubrió una nueva falla símica, bautizada como Shoreline y situada a tan sólo 600 metros de Diablo Canyon.

Y en 2014 el temor resurgió cuando AP hizo público un informe confidencial, firmado por Michael Peck, quien hasta dos años antes trabajó en la planta como inspector de la Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU. (NRC, por sus siglas en inglés).

El documento no indicaba que sus reactores fueran inseguros, pero señalaba que mantenerlos en funcionamiento era “contrario a la presunción de seguridad nuclear”, algo que tanto la propia NRC como PG&E no tardaron en desestimar.

Sin embargo, todo esto llevó en parte al acuerdo para el cierre cuatro años después.

Hoy, consultada por BBC Mundo, PG&E mantiene que Diablo Canyon sigue siendo una central segura.

“Tiene un excelente historial de operaciones seguras y está sujeta a una supervisión reglamentaria rigurosa”, le explica por escrito a este medio, añadiendo que tiene en marcha un programa de mantenimiento y que seguirá aplicando los años que le quedan de funcionamiento.

“Diablo Canyon estuvo a la vanguardia del diseño en el tema específico de la seguridad sísmica y ese sigue siendo el enfoque de sus operaciones, y la Comisión Reguladora Nuclear la considera sísmicamente segura”.