Washington. La Casa Blanca respaldó hoy una iniciativa aprobada por el Senado y que, de convertirse en ley, permitiría la liberación de miles de presos y supondría la mayor reforma en décadas del sistema penal de Estados Unidos, que tiene entre rejas a 2,2 millones de personas.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, consideró que la iniciativa supone una “victoria histórica” para el presidente estadounidense, Donald Trump.
Trump ha jugado un papel fundamental en la reforma penitenciaria porque ha conseguido cambiar la postura tradicional de los legisladores republicanos, quienes durante años han defendido la necesidad de un sistema penal duro y que, bajo el Gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017), se resistieron a aprobar un cambio similar.
Durante la campaña del 2016, Trump prometió un sistema penal basado en la “ley y el orden”, pero su yerno y asesor presidencial, Jared Kushner, logró convencerle para que respaldara el esfuerzo de un grupo de senadores demócratas y republicanos para cambiar el sistema carcelario.
Kushner conoce bien el sistema penal porque su padre, un magnate inmobiliario, tuvo que ingresar en la cárcel en el 2005 por evasión fiscal, intimidación a testigos y donaciones ilegales a campañas políticas.
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En Twitter, tras la aprobación de la iniciativa, Trump resaltó que su deber era luchar por “todos los estadounidenses”, también por aquellos que habían cometido “errores”.
La iniciativa, bautizada como “ley del primer paso”, fue aprobada la noche del martes en el Senado con 87 votos a favor y 12 en contra; y ahora pasará a la Cámara de Representantes donde todo apunta que la medida será aprobada sin problemas para, luego, ser firmada por Trump y convertirse en ley.
De salir adelante, la legislación supondría el mayor cambio en décadas al sistema penal de Estados Unidos, país que en la década de los años 80 aprobó leyes que endurecieron las penas para los delitos de drogas, que tenían como objetivo combatir la “epidemia” de consumo de crac (cocaína tratada que toma en pequeños cristales o piedras que crujen al quemarse), que provocó un aumento de asesinatos y robos.
Como resultado de esa normativa, desde la década de 1980, la población carcelaria de Estados Unidos ha pasado de 500.000 a 2,2 millones de personas y ha habido un aumento desproporcionado de condenas para los integrantes de las minorías negra e hispana, de forma que actualmente uno de cada tres presos es afroamericano.
La “ley del primer paso” acabaría con una disposición que obliga a los jueces a sentenciar a cadena perpetua a aquellos que han sido condenados tres veces por delitos de drogas; de forma que a partir de ahora esos acusados recibirían 25 años de prisión, en vez de un castigo de por vida.
Además, la iniciativa propone reducir la disparidad entre las altas penas por tráfico de crac, más popular entre los afroamericanos, y por posesión de cocaína en polvo -una droga más consumida por los blancos-, que acarrea unas penas menores de prisión.
Estos cambios se aplicarían a nivel retroactivo y, por tanto, permitirían la liberación de 2.000 presos en cárceles federales.
La iniciativa, que no afecta a las prisiones estatales, expande los programas que permiten la liberación anticipada de presos con buena conducta y también amplía los programas destinados a capacitación laboral, esenciales para ofrecer oportunidades a quienes salen de prisión y reducir las tasas de reincidencia.
La legislación también prohibirá que las mujeres embarazadas sean inmovilizadas con grilletes y vetará el uso del régimen de aislamiento para los menores encarcelados.
Asimismo, de ser aprobada, la ley dispondrá que la Oficina Federal de Prisiones (BOP, en sus siglas en inglés) debe colocar a los reclusos en instalaciones cercanas a sus hogares, de forma que se facilite la visita de familiares y amigos.
Está previsto que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto a finales de esta semana antes de su receso por las vacaciones de Navidad.
Aunque la mayoría de presos se concentran en cárceles estatales, que no se verían afectadas por la ley, los legisladores esperan que los cambios a nivel federal tengan influencia en las políticas locales.
El sistema actual acarrea una carga de 80.000 millones de dólares anuales a las arcas federales y estatales.
Fuente: EFE
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