Quince años después del atentado del 11 de setiembre en Estados Unidos, el Congreso de ese país quiere que las familias de las víctimas puedan demandar a Arabia Saudita.Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
El poder legislativo aprobó por unanimidad un proyecto de ley que las autoriza a emprender esta acción legal contra el país árabe, cuyo gobierno es acusado por algunos sectores de tener vínculos con los atacantes de aquel día que partió en dos la historia de Estados Unidos.
El voto se realizó la víspera del 15 aniversario del peor ataque extremista en territorio estadounidense, el 11 de setiembre del 2001.
Ese día, 19 secuestradores suicidas estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el edificio del Pentágono en Washington, y una cuarta aeronave que cayó en un campo en Pensilvania. 2.996 personas murieron y más de 6.000 resultaron heridas.
El cerebro de los ataques fue Osama bin Laden, el ultimado líder de la organización extremista al Qaeda, que era de origen saudita al igual que 15 de los 19 secuestradores.
Ese hecho de procedencia es uno de los que ha generado teorías conspirativas sobre el papel de altos funcionarios de Arabia Saudita en los ataques y el “conveniente” encubrimiento de Washington al respecto.
Arabia Saudita, un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente e importante proveedor de petróleo, ha negado cualquier participación en los hechos de 11-S.
El presidente Barack Obama expresó que rechazaría la reciente legislación y advirtió que el gobierno de Estados Unidos podría quedar expuesto a represalias legales si sus ciudadanos son permitidos a demandar a los sauditas.
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No obstante, Terry Strada, presidenta de la organización 9/11 Familias Unidas por la Justicia Contra el Terrorismo no coincide con las advertencias de la Casa Blanca.
“Si uno no está financiando organizaciones terroristas y matando gente, entonces, no hay nada de qué preocuparse”, declaró.
La comisión especial para investigar el 11-S convocada por el expresidente George W. Bush criticó al gobierno saudita por patrocinar una rama fundamentalista del islam acogida por los extremistas.
Pero el informe final que emitió dicho comité fue interpretado como una exoneración.
Este encontró una relación entre la familia real saudita con grupos de beneficencia que financiaron a Al Qaeda pero señaló que eso había sucedido antes de 11-S.
La conclusión central fue que “no hay evidencia de que el gobierno saudita, como institución, o altos funcionarios, individualmente,” proveyeran asistencia financiera a la red de Osama bin Laden.
La declaración fue elogiada en Riad por haber despejado cualquier vínculo de sus funcionarios con los ataques.
--- ¿Por qué persisten las dudas y las sospechas? ---
Aunque muchos políticos y analistas en Estados Unidos intentaron encontrar conexiones entre el 11-S y varios grupos y gobiernos enemigos, no podían alejarse del hecho que 15 de los atacantes suicidas, más su jefe máximo, eran sauditas.
Osama bin Laden tenía una compleja y turbia relación con la familia real Saudí.
Estableció lazos con los servicios de inteligencia sauditas cuando combatió en Afganistán contra la Unión Soviética, en los años 80.
En 1990, hubo un rompimiento cuando el gobierno de Riad permitió la entrada de fuerzas militares de Estados Unidos en el país y con bin Laden denunció a la monarquía saudita como apóstata.
Sin embargo, el nombre bin Laden en relación con el país árabe volvió a surgir en la figura de Abdullah, el medio hermano del jefe de Al Qaeda.
El FBI entrevistó a Abdullah bin Laden en el 2011 y este les dijo que trabajaba para la embajada saudita en Washington.
También fue identificado por los investigadores como un “posible asociado” de Mohamed Atta y Marwan al Shehhi, dos de los secuestradores suicidas.
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Según el informe de la Comisión 11-S, Abdullah confirmó que, por voluntad propia, había proporcionado varios tipos de asistencia a los secuestradores en San Diego, pero la investigación no encontró más elementos para inculparlo.
Muchos de los familiares de las víctimas no se sintieron satisfechos con las conclusiones de la comisión, particularmente porque 28 páginas del informe habían sido suprimidas de la vista pública.
Durante años, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama se opusieron a publicar los extractos censurados por razones de seguridad nacional.
El secretismo del gobierno no hizo más que aumentar las sospechas sobre una complicidad de los sauditas en 11-S.
Uno de los redactores del informe de la comisión, el exdirector del comité de inteligencia del Senado, Bob Graham, siempre ha sostenido su teoría sobre la culpabilidad de los funcionarios sauditas en los atentados.
A comienzos del 2015 instó a la desclasificación de las 28 páginas, arguyendo que el público estadounidense había sido privado de un aspecto crítico de los ataques.
--- El testimonio del vigésimo secuestrador ---
El llamado de Graham coincidió con las extraordinarias afirmaciones hechas desde prisión por Zacarias Moussaoui, conocido como el vigésimo secuestrador, de que altos miembros de la familia real de Arabia Saudita dieron donaciones a al Qaeda, aún después de la declaración de guerra de Osama bin Laden contra Estados Unidos.
Moussaoui, que cumple cadena perpetua por su participación en los ataques de 11-S, describió cómo había tomado un jet privado para llevar cartas de bin Laden a un grupo de altas figuras sauditas en 1999, tras los atentados de embajadas de Estados Unidos en África.
El extremista, de origen franco-argelino, también dijo haberse reunido con un diplomático saudita en Washington para discutir un plan para asesinar al presidente de Estados Unidos con un misil tierra-aire.
La embajada de Arabia Saudita en Washington rechazó las acusaciones y tildó a Moussaoui de un “criminal demente”.
Por su parte, altos agentes de inteligencia en Estados Unidos desestimaron las afirmaciones de Moussaoui.
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El exdirector de antiterrorismo de la CIA, Robert Grenier, las llamó “inconcebibles”.
Otros expertos recordaron la historia de enfermedad mental del detenido que surgió durante su juicio por su participación en los ataques y que probablemente había emitido las nuevas acusaciones para mejorar sus condiciones de encarcelamiento.
No obstante, hace dos meses y tras presión de otros miembros de la Comisión 11-S, las 28 páginas de la discordia fueron desclasificadas.
Aunque los analistas sostienen que no añaden nada nuevo a lo que ya se sabía, sin duda habrá más material para leer entre líneas.
Añadido a la nueva legislación aprobada el viernes en el Congreso, habrá suficiente combustible para encender los argumentos de una conspiración saudita en el impactante evento que estremeció a Estados Unidos y al mundo hace 15 años.
Fuente: BBC
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